Tras la ola de violencia que afectó a Chile los últimos días, que dejó un saldo de 17 personas muertas en diversos hechos, el presidente Gabriel Boric anunció la construcción de una nueva cárcel de máxima seguridad para alojar a los líderes de las bandas organizadas que atemorizan al país
Boric explicó que el penal se emplazará en la región metropolitana de Santiago y que tendrá un costo aproximado de 95 millones de dólares y capacidad para 500 internos.
La ministra de Interior, Carolina Tohá, aclaró que no se busca emular la política criminal de El Salvador, pero afirmó que se implementará un modelo “internacionalmente validado”.
Por su parte, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, aseguró que la locación del nuevo recinto penitenciario ya está definida, pero declinó confirmar el lugar preciso donde estará ubicado. “Una cárcel de máxima seguridad es una información muy delicada”, arguyó.
Gajardo detalló que durante la Administración de Boric las plazas de máxima seguridad a lo largo del país se duplicaron. “Teníamos 300, ahora tenemos 600 y vamos a terminar con 800”, detalló, indicando que el nuevo penal podrá alojar a 500 detenidos más.
“Tenemos que prepararnos para seguir manteniendo el control de los establecimientos penitenciarios, y en particular de la delincuencia organizada transnacional”, subrayó.
El funcionario explicó que para prevenir el contacto entre los internos el nuevo establecimiento tendrá celdas individuales y antivandálicas con cámaras en su interior; es decir, monitoreadas las 24 horas del día.
Además, adelantó que el régimen penitenciario será muy estricto, con pocas horas de patio, pero sin la posibilidad de que los presos interactúen.
En cuanto a las visitas, afirmó que estarán “muy controladas” y que serán en locutorios para impedir que se genere “cualquier tipo de intercambio de información”.
El ministro sumó que habría inhibidores de telefonía celular, un sistema anti-drones y “seguridad perimetral tecno vigilada”.