ESCUCHARLos abogados y procuradores buscan dejar atrás el parámetro del Salario Mínimo Vital y Móvil para regular los estipendios profesionales
En la Legislatura de Chaco se presentó un proyecto de ley de honorarios profesionales de abogados y procuradores que busca reemplazar a la actual normativa para paliar los efectos de la inflación.
La iniciativa, presentada por los diputados Paola Andrea de las Mercedes Benitez, María Pía Chiacchio Cavana y Santiago Agustín Pérez Pons fue elaborada por la Comisión Especial Técnico Revisora para la Actualización y Modificación de la ley de honorarios, que había sido creada en junio por ley 4032-C con la finalidad de estudiar la materia y proponer una forma de “actualización de los aranceles profesionales con el fin de evitar la devaluación” de los mismos y enviar un proyecto de ley.
Entre los cambios se busca reemplazar la referencia arancelaria que toma la ley actual, es decir el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) para regular honorarios, y en su lugar se crea la Unidad de Medida Arancelaria (UMA) que equivaldrá al uno 05/100 por ciento (1,5%) del promedio de la remuneración asignada a un juez de cámara del Poder Judicial de la provincia del Chaco.
Es decir “la suma de todos aquellos rubros, sea cual fuere su denominación y se encuentren o no sujetos a aportes o contribuciones, incluida la bonificación equivalente a diez años de antigüedad, liquidados antes de cualquier descuento de ley”.
El texto presentado prevé que el honorario mínimo “con prescindencia del contenido económico del asunto no podrá ser inferior a seis (6) UMA, cualquiera fuese su actividad y el órgano jurisdiccional de que se trate, a fin de evitar interpretaciones que han llevado a establecer remuneraciones ínfimas y arbitrarias, afectando el decoro y la dignidad de los profesionales”.
Cabe recordar que la ley actual buscaba que, en general, el mínimo no sea inferior a un salario mínimo vital y móvil (hoy $ 254.231,91), aunque en otras partes de la normativa terminaba habilitando regulaciones de un 50% de ese SMVM (ej. Art. 14) o inclusive de un 10% (ej. art. 27), dándose el caso de regulaciones que no se condicen con el trabajo realizado.
La reforma también busca “representar a la actividad profesional como una deuda u obligación de valor y que se presume de carácter oneroso, salvo los casos excepcionales”, tornando aplicable el artículo 772 CCCN.
En los fundamentos del proyecto también se destaca que “se dispone el carácter alimentario de los honorarios y en consecuencia son personalísimos, por lo que gozan de un privilegio general para su cobro y solo podrán ser embargados hasta el veinte por ciento (20%) del monto supere el salario mínimo, vital y móvil, haciendo mención a los supuestos de excepción”.
Además, que “se reconoce a favor de los profesionales que deban percibir honorarios un embargo legal sobre todo valor, dinero o bien, sea mueble o inmueble que, estando afectado al proceso, deba eventualmente responder al pago de aquéllos.”
En otro de los capítulos se agrega una serie de valores de referencia para las actuaciones extrajudiciales, fijando el valor de la consulta verbal dentro del horario laboral en 1 UMA y fuera del horario en 3 UMA, elevándose a 4 en caso de que requiera un informe.
De aprobarse el texto, la redacción de cartas documento o telegramas laborales, por su parte, se cotizan en 2 UMAs, el estudio de casos en 3 UMAs y por asistir a una audiencia de mediación o conciliación un total de 6 UMAs, por citar ejemplos.
Otro de los puntos salientes de la reforma es lo atinente a los artículos 49 y 50, donde se dispone que “el monto o cuantía del proceso se debe transformar en la cantidad de UMA que correspondan según el valor que a esta se le asigna” y se adjunta una escala a utilizar, desde 1 UMA hasta 1001 UMAs o más, la cual incluye porcentajes según el monto y se utilizará a los fines de la regulación.
