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CFK irá a juicio por lavado en sus hoteles y por el Pacto con Irán

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La Cámara Federal de Casación ordenó que los procesos orales se hagan como lo establece la ley. Máximo Kirchner también irá a juicio por Hotesur, pero Florencia fue sobreseida.

La Cámara Federal de Casación Penal ordenó reabrir los casos Hotesur (firma hotelera) y Los Sauces (firma inmobiliaria), lo que obliga a la vicepresidenta junto a su hijo Máximo Kirchner a afrontar el juicio oral por los delitos de asociación ilícita, dádivas y lavado de dinero. Florencia Kirchner quedó sobreseída.

Además, el mismo tribunal decidió que también se haga el enjuiciamiento oral por el Pacto con Irán, en el que la vicepresidente a está acusada de encubrimiento del atentado a la AMIA. Estas decisiones podrían ser revisadas por la Corte Suprema en caso de que, como se presume, sus abogados recurren al máximo estrado judicial del país

Con un voto unánime, el máximo tribunal penal le dio la razón al fiscal ante el Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5), Diego Velasco y a su par de la instancia superior, Mario Villar, respecto a que es el juicio oral la mejor instancia para que los acusados se defiendan.

Asimismo, ordenaron que los jueces Daniel Obligado y Adrián Grünberg que habían firmado el sobreseimiento, sean apartados del caso y se conforme un nuevo tribunal para el juicio, del que sólo se sabe que formará parte la jueza Adriana

Este lunes, los jueces Daniel Petrone y Diego Barroetaveña entendieron que los casos Hotesur y Los Sauces deben analizarse en el marco de un debate oral y público. Fue después de que la Corte Suprema ordenó el cese en sus funciones de la magistrada Ana María Figueroa, quien retrasó la resolución del caso.

El Ministerio Público Fiscal había sostenido que el sobreseimiento fue otorgado de manera arbitraria y que ante la existencia de los delitos atribuidos, es decir el lavado de activos, debía realizarse el juicio oral.

De esta manera, la vicepresidenta deberá afrontar otro juicio oral por corrupción con la particularidad que en estos expedientes, también está involucrado su hijo y actual candidato Máximo Kirchner. Distinta suerte corrió Florencia Kirchner a quien los camaristas no le revocaron el sobreseimiento al entender que no hubo participación alguna por su parte, en las maniobras investigadas.

Los camaristas avalaron este criterio y dieron la orden de reabrir el caso. Sin embargo, el juicio no se realizará de forma inmediata, ya que la vicepresidenta tiene una instancia más de queja ante la Corte Suprema.

El argumento principal de los camaristas para reabrir el caso es que no hay elementos novedosos respecto de lo resuelto durante la instrucción que justifiquen evitar que se dirima en un juicio oral y público.

Respecto de Florencia Kirchner, los camaristas sostuvieron que cuando se constituyeron las sociedades que dieron inicio a las maniobras bajo investigación, «ella tenía doce años e ingresa a las compañías tras el fallecimiento del padre«.

Asimismo, los jueces Petrone y Barroetaveña ordenaron que pese a dejar firme el sobreseimiento de la hija de la vicepresidenta, sus bienes embargados -como los más de cinco millones de dólares secuestrados de dos cajas de seguridad- deben continuar bajo tutela judicial.

En estos dos expedientes se analizaron los supuestos delitos cometidos a través de las empresas de la familia Kirchner. La primera de ellas, Hotesur, responde a los negocios hoteleros y la segunda, los Sauces, a operaciones inmobiliarias.

Durante la etapa de instrucción y en la correspondiente elevación a juicio oral se sostuvo que las compañías no tuvieron nunca una verdadera intención comercial, sino que funcionaron como «pantallas» para realizar operaciones de lavado de dinero.

El otro punto que se concluyó es que las maniobras de blanqueo se realizaron bajo una misma metodología: la simulación de alquileres, en un caso a través de los hoteles de la familia Kirchner y en el otro, de propiedades que le pertenecen a Los Sauces SA.

En ambos casos hubo un cliente en común: Lázaro Báez. Con su empresa Valle Mitre SRL, el también contratista beneficiado por el Estado alquiló el hotel Alto Calafate (propiedad de Hotesur). Para que esa compañía pudiera pagar mes a mes el contrato de locación a la familia Kirchner, su empresa Austral Construcciones SA  -que tenía como único ingreso la obra pública vial- le hizo préstamos por más de 71 millones de pesos. 

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