El Tribunal Superior de Justicia cordobés entendió que no estaba prescripta la facultad sancionatoria del Estado como empleador, como sostenía el accionante. La Justicia criminal ya condenó a varios involucrados
La Sala Contenciosa-administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ) confirmó la cesantía de un agente público dictada por la Cámara a quo, que había rechazado la demanda del despedido, al entender que resultó ajustada a derecho. El tribunal desestimó el argumento del demandante, quien denunciaba que la sentencia debía ser revocada porque la potestad disciplinaria de la Administración prescribió al momento de imponer la penalidad impugnada.
Apoyá el periodismo especializado e independiente
Este contenido es exclusivo para suscriptores.
Iniciá sesión si sos suscriptor/a