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CBI: la Cámara Federal resuelve si continúa libre Eduardo Rodrigo

EDUARDO RODRIGO. Titular de CBI.
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El fiscal Enrique Senestrari y el defensor Carlos Laje alegarán ante el Máximo Tribunal. Está procesado por intermediación financiera, estafa y asociación ilícita.

La Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba recibirá hoy los argumentos del fiscal federal Enrique Senestrari y del abogado defensor Carlos Palacio Laje para definir cuál seguirá siendo la situación de Eduardo Rodrigo, presidente de la financiera Cordubensis SA.

Puntualmente, el tribunal deberá decidir si continúa gozando del beneficio de libertad o se le revocará el cese de prisión preventiva, como lo reclama el fiscal Senestrari, quien insiste en que Rodrigo influye sobre probables testigos y pruebas que se agregan a la causa CBI.

Cabe recordar que el presidente de la financiera, acusado junto a otras personas como supuesto autor de los delitos de asociación ilícita, intermediación financiera ilegal y estafa, nunca fue detenido.

Además de la libertad de Rodrigo, resta aún resolver cuándo completará la indagatoria, tras cinco meses de haber sido suspendida. El fiscal reclamó en numerosas oportunidades al juez federal Ricardo Bustos Fierro que lo cite a declarar para completar el trámite procesal.

Bienes embargados
Mientras tanto, en el marco de las causas conexas a la de la financiera, el lunes se conoció que el Banco Central de la República Argentina dispuso bloquear todas las cuentas bancarias a nombre de Darío Onofre y Darío José Ramonda, padre e hijo, y aquellas a nombre de la firma Centro Motor SA.

Los dueños de esta concesionaria Toyota de la avenida Colón están sindicados en una causa paralela a CBI, luego de que el malogrado vicepresidente de CBI, Jorge Suau, los involucró mediante su carta póstuma en supuestas irregularidades en la venta de autos nuevos y usados.

Al respecto, Senestrari dijo no entender por qué el juez Bustos Fierro no adoptó alguna medida cautelar con respecto a los bienes de la familia Barrera, aludiendo a Juan Carlos y sus hijos Mariano e Iván, dueños de la transportadora de caudales Bacar, mediante la cual también habría explotado una financiera ilegal bajo el nombre de Blicen.

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