Cayó otra secta: procesaron a 10 personas por explotación laboral

La medida incluye prisión preventiva para dos falsos pastores y dos líderes. Se les imputa la captación de 12 individuos vulnerables -entre ellos, tres menores de edad- para realizar trabajos en un campo

La titular del Juzgado Federal de Concordia (Entre Ríos), Analía Ramponi, procesó a 10 personas por la explotación laboral de 12 víctimas -entre ellas, tres menores de edad- en un campo de la localidad de El Redomón.

La organización criminal que integraban los encausados funcionaba como una secta religiosa en distintas localidades de las provincias de Entre Ríos y Buenos Aires.

En la investigación interviene la Fiscalía Federal de Concordia, a cargo de María Josefina Minatta. Con base en las pruebas colectadas, Ramponi procesó a los encartados por trata de personas con fines de explotación laboral agravada por mediar engaño y abuso de situaciones de vulnerabilidad, por haber sido más de tres víctimas y más de tres los victimarios, así como por haberse consumado la explotación y constatado la explotación de tres víctimas menores de edad. A esos delitos se suma reducción de servidumbre.

La magistrada dictó la medida con prisión preventiva para dos falsos pastores de la denominada “Iglesia Tabernáculo Internacional”, incriminados autores, y de otros dos implicados, señalados como líderes del grupo y procesados como partícipes necesarios.

Para el resto dispuso distintas medidas de coerción, como la prohibición de concurrir a reuniones vinculadas con el culto, de comunicarse con las víctimas que fueron rescatadas y la presentación de una caución real por 50 mil pesos.

También embargó bienes del campo donde se constató la explotación y de cuatro automóviles. La suma asciende a 24 millones de pesos,

La investigación comenzó en mayo pasado, tras una denuncia anónima recibida en la línea telefónica gratuita 145, coadministrada por la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) junto al Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento de Víctimas Damnificadas por el Delito de Trata, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

Aquélla informó que una secta religiosa captaba a personas de bajos recursos del sur del Conurbano bonaerense y las llevaba a la provincia de Entre Ríos.

Por competencia territorial, la Protex le dio intervención a la Fiscalía Federal de Concordia, que efectuó una serie de diligencias que culminaron el pasado día 2 con el allanamiento simultáneo de diversos domicilios. Se detuvo a los involucrados y se rescató a las víctimas.

Dos personas fueron demoradas en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza cuando intentaban abordar un avión con destino a España.

De acuerdo a la pesquisa, la organización captaba, por medio de dos falsos pastores, a personas en situación de vulnerabilidad (marcada por sus estados de depresión, circunstancias familiares adversas, edades y condiciones socioeconómicas, entre otras), para congregarlas en reuniones supuestamente religiosas que se realizaban en una quinta de la localidad bonaerense de Florencia Varela.

Una vez que ganaban la confianza de los feligreses, los trasladaban al “Campo Iti Jerusálem”, en El Redomón, donde eran reducidas a servidumbre.

De acuerdo con la pesquisa, la organización captaba, mediante dos falsos pastores, a personas en situación de vulnerabilidad (marcada por sus estados de depresión, circunstancias familiares adversas, edades y condiciones socioeconómicas, entre otras), para congregarlas en reuniones supuestamente religiosas.

Los fieles eran obligados a cuidar los animales de granja y a prestar sus servicios en ferias abiertas al público, sin percibir salario o remuneración. Les hacían creer que estaban haciendo un voluntariado o misión.

Además, los miembros de la supuesta congregación les retenían su documentación personal y celulares y les coartaban todo contacto con el exterior y la posibilidad de salir libremente.

Los damnificados sólo podían usar los teléfonos de los “líderes” o “tutores” del establecimiento los domingos, y en un contexto vigilado.

Por otra parte, les hacían aportar dinero y/o bienes materiales a sus respectivos familiares.

La jueza señaló que cuatro de los procesados sin prisión preventiva hacían los traslados, tramitaban el cambio de domicilio de las víctimas, se quedaban con sus documentos y las retenían. También les suministraban medicación a las víctimas en caso de considerar que era necesario y agendaban sus actividades diarias, logrando que las víctimas rescatadas dependieran económica, psicológica y espiritualmente de ellos.

Por otra parte, la magistrada describió las condiciones de precariedad -acreditadas en el proceso- en las que vivían los rescatados, que no accedían ni a agua potable y no tenían francos ni vacaciones.

De acuerdo con el informe de fiscalización elevado por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) surge -entre otras cuestiones de interés- que en el lugar donde residían también les encomendaban tareas como lavandería, control mercadería y, en el caso de las mujeres, cuidado de niños y jardinería. En tanto, a los hombres les ordenaban hacer tareas en construcción, fumigación, cuidado de animales y mantenimiento general

Por su parte, el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre), en el marco de la fiscalización encomendada durante el procedimiento llevado a cabo en el predio agropecuario, indicó que las víctimas no tenían vehículos ni forma de comunicarse con sus allegados.

La Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y de Culto informó que la supuesta congregación no está registrada y que los encartados no figuran como autoridades de aquella ni de alguna entidad religiosa inscripta o en trámite de inscripción.

Ramponi resaltó que se contrastó el desempeño de los pastores de la Iglesia Tabernáculo Internacional “ITI Jerusalem”, quienes -sostuvo- persuadían a sus fieles para que se despojaran de sus bienes materiales y transitaran una vida de suma austeridad y al servicio de la gente, mientras que ellos llevaban la suya de manera completamente diferente, recorriendo diversos países, como España, Uruguay, Brasil, Bolivia, Chile, Panamá, Colombia, Ecuador, Venezuela, Sudáfrica, Estados Unidos, y comprando bienes y servicios de manera permanente.

Respecto de las 12 víctimas rescatadas en los allanamientos, aclaró que “no se perciben como tales” y concluyó que “permanecen bajo el total dominio psicológico de los imputados”, que lograron mediante el aislamiento social y desarraigo familiar.

Añadió que en la investigación se acreditó que las víctimas tenían limitadas sus libertades.

La magistrada agregó que de los informes confeccionados por los profesionales intervinientes surge que “normalizaron” no manejar dinero, salir sólo en compañía de “pastores” y no tener sus documentos de identidad.