ESCUCHAREl padre de la joven se refirió en duros terminos a los abogados de los imputados y del Estado tucumano. Pide una indemnización por daño moral para su nieta
Después de concluir la etapa de los alegatos del juicio oral que investiga el crimen de la estudiante universitaria de 23 años Paulina Lebbos, asesinada en 2006 en Tucumán, el padre de la joven aseguró que los abogados defensores de los imputados fueron “machistas, brutales y violentos”.
“Paulina era una joven mujer, madre y trabajadora. Por eso los abogados se dedicaron a agredirla sistemáticamente, dijeron cosas terribles sobre mi hija durante el juicio, en lugar de defender a sus representados”, agregó Alberto Lebbos.
Luego se refirió a los letrados que representan a la Provincia de Tucumán, Cecilia Vaccaro y Carlos Parajón Ferullo, quienes concluyeron ayer sus alegatos, cerrando esa etapa del debate para dar paso a las réplicas y dúplicas que comenzarán hoy.
“Estos defensores han dicho que el trabajo que hizo la Provincia de Tucumán para evitar el delito o encontrar a Paulina fue excelente, cuando todo el mundo sabe que es una gran mentira”, afirmó Lebbos.
En ese sentido, enfatizó que los encartados, tanto quienes se desempeñaban como policías como los funcionarios públicos, se dedicaron “sistemáticamente a destruir” todas las posibilidades de encontrar con vida a su hija y atrapar a los responsables de su muerte.
La denuncia contra la Provincia de Tucumán fue realizada por Lebbos porque los imputados por encubrimiento agravado del crimen de Paulina son el ex jefe de la Unidad Regional Norte, Héctor Rubén Brito; el ex secretario de Seguridad, Eduardo Di Lela; los ex jefe y subjefe de Policía, Hugo Sánchez y Nicolás Barrera, y el ex policía Waldino Rodríguez, todos dependientes y subordinados al Poder Ejecutivo.
Como querellante, Lebbos le exige a la Provincia el pago de una indemnización por daño moral para su nieta (hija de Paulina) por el homicidio y posterior encubrimiento del crimen.
Durante el juicio y antes de la feria judicial de enero, el fiscal Carlos Sale había solicitado en su alegato penas de entre 6 y 10 años para los seis acusados sometidos al proceso.
La más alta la requirió para Gómez, a quien consideró partícipe secundario de privación ilegal de la libertad seguida de homicidio.
El hecho ocurrió el 26 de febrero de 2006 cuando la joven salió de un boliche de la zona conocida como el ex Abasto en la capital tucumana. Según determinaron los pesquisas, alrededor de las 6.30 subió con una amiga a un remís color bordó y en algún punto siguió el viaje sola hacia la casa de su novio, aunque nunca llegó.
Después de 13 días de búsqueda, fue hallada asesinada al costado de la ruta provincial 341 a la altura de Tapia, a unos 30 kilómetros de San Miguel de Tucumán.
