ESCUCHARLa Cámara Federal de Córdoba abrió un compás de espera en la audiencia a la resolución que rechazó la denuncia en contra de la actuación del representante del Ministerio Público provincial.
La Sala A de la Cámara Federal de Córdoba, presidida por Eduardo Daniel Avalos e integrada por Ignacio María Vélez Funes y Graciela Susana Montesi, desarrolló la audiencia de apelación a la resolución del Juzgado Federal Nº 1, que desestimó las actuaciones en la causa “Investigación muerte de etiología dudosa , víctima: Juan Antonio Alós – Tercero: Drazile, Emilio Andrés”.
La resolución fue apelada por el ministerio público Fiscal, a cargo de Alberto Lozada, y por la parte querellante, representada por el abogado Carlos Nayi.
En primer lugar, se escuchó el informe oral de Lozada, quien planteó que es necesario diferenciar la investigación de la muerte del oficial Alós de la investigación de los supuestos delitos en los que podría haber incurrido el fiscal Drazile en su actuación como fiscal de Instrucción.
Con respecto a la investigación de la muerte del policía, recordó que la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió en favor de la competencia federal por considerar que esa muerte podría estar directamente relacionada con la investigación de los policías vinculados con el área de lucha contra el narcotráfico.
En sentido contrario, Lozada consideró que la investigación por supuestas irregularidades cometidas por Drazile durante la investigación de la causa Alós, debe ser declarada de competencia de la Justicia provincial y remitida a ésta, ya que lo único que le atribuye son supuestas acciones u omisiones en su labor funcional como fiscal provincial, al investigar la muerte.
El Ministerio Público agregó que la acumulación de ambas causas es incorrecta, ya que no existe conexidad objetiva ni subjetiva y que la causa en la que se investiga la violación de deberes de funcionario público no es de competencia federal, por lo que solicitó que se declare la incompetencia de la justicia federal para el juzgamiento del delito de violación de deberes de funcionario público en contra Drazile, y que se remitan las actuaciones a la Justicia provincial para que se continúe investigando.
Por su parte, el representante de Roxana Luna, viuda del oficial Alós, argumentó que Drazile cometió una cadena de irregularidades en la investigación que la contaminaron y que limitan la posibilidad de llegar a la verdad real, solicitando a la vez que se desestime el pedido Lozada. Y subrayó que las actuaciones del fiscal Drazile afectaron la investigación federal.
Escuchadas ambas partes, el tribunal pasó a cuarto intermedio y comunicó que la resolución sobre la cuestión de competencia y sobre la cuestión de fondo serán dadas en conjunto, tras lo cual se escuchó al abogado de la querella particular, Carlos Nayi.
Nayi
El abogado de la querella dijo que la muerte del oficial Alós no puede ser descontextualizada, ya que éste apareció muerto a menos de 24 horas de formular una denuncia contra policías del área de narcotráfico.
Argumentó que un fiscal provincial, con años en la actividad funcional, sabe cómo se debe preservar una escena del crimen y que conoce que no debe ser contaminada porque eso diluye la prueba y entorpece la investigación.
Nayi dijo que la conducta de Drazile, por acción y por omisión, merece reproche legal y aparece como abiertamente delictiva por lo que solicitó que se revoque la desestimación dictada en primera instancia. El tribunal pasó a cuarto intermedio para resolver el próximo 5 de marzo.
