domingo 24, noviembre 2024
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Comercio y Justicia 85 años

Caso Solange: el padre accionará contra el gobierno de Córdoba por impedir ver a su hija

PABLO MUSSE. El padre de Solange Musse agradeció la iniciativa.
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Pablo Musse, el hombre al que no le permitieron ver a su hija que murió horas después a consecuencia de un cáncer en Córdoba, accionará legalmente en contra de las autoridades del Gobierno provincial y del Centro de Operaciones de Emergencia (COE).

A la vez, manifestó su enojo porque “ninguna autoridad se comunicó” con ellos para explicar las “conductas inhumanas” que tuvieron con la familia.

Solange Musse, de 36 años, se encontraba con un tratamiento de cáncer en la ciudad cordobesa de Alta Gracia y, el pasado viernes, sufrió una descompensación y murió a poco de ingresar en la clínica Allende de la capital cordobesa.

El hombre, que reside en la localidad neuquina de Plottier, el 15 de agosto emprendió un viaje en su automóvil para ver a su hija, pero al llegar a la localidad cordobesa de Huinca Renancó, en el límite con La Pampa, un operativo sanitario y policial le impidió el ingreso porque, según los agentes, no portaba un certificado libre de coronavirus.

El hombre fue obligado a regresar a Neuquén escoltado por varios patrulleros policiales y posteriormente se conoció que un hisopado que le habían realizado en el control sanitario de Huinca Renancó dio negativo.

Solange, asumiendo su enfermedad terminal, había pedido ver a su padre y por medio de una carta por las redes sociales había reclamado verlo: “Mi papá lo es todo. Estoy muy triste, ansiaba ver a mi papá. Quiero que entiendan que mientras viva tengo mis derechos y quiero que sean respetados”, había reclamado la joven.
Musse dijo en declaraciones a la prensa que cuando le impidieron pasar a Córdoba, cree que su hija “bajó los brazos. La enfermedad la destruyó en esos cuatro o cinco días que no pudimos estar juntos”.

El abogado Martín Barbera, quien representa a la familia de Solange, manifestó que se están evaluando “diversas alternativas para la denuncia” en la Justicia al considerar que las acciones desplegadas, que consideró “antijurídicas”, “no están justificadas ni desde el punto de vista moral ni con el orden jurídico”, concluyó.

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