ESCUCHAREn el marco de la causa “D’Alessio”, por presunto espionaje en expedientes, el fiscal General ante la Cámara Federal de Mar de Plata, Juan Manuel Pettigiani, dictaminó a favor de impugnar el análisis de los teléfonos del falso abogado Marcelo D’Alessio.
Pettigiani apoyó el pedido del defensor de éste, Claudio Fogar, de anular la incorporación al caso del contenido de los celulares del encausado porque entendió que en 2019 fue “compelido a entregar las claves bajo amenazas, lo que permitió desbloquearlos”.
Cabe recordar que en octubre de 2020 Pettigiani opinó que el fiscal Carlos Stornelli -también implicado en la causa- debía ser sobreseído de todos los delitos que le atribuyó el juez federal de Dolores (Buenos Aires) Alejo Ramos Padilla y que, en todo caso, la acción debía quedar bajo conocimiento de los tribunales de Comodoro Py.
Según Ramos Padilla, actual juez Electoral bonaerense, existió “una asociación ilícita paraestatal que, a través de variadas y complejas acciones vinculadas al espionaje y la inteligencia ilegal, llevó adelante todo tipo de planes y operaciones sobre políticos, empresarios, periodistas, el Poder Judicial y la opinión pública”.
La instrucción del expediente lleva más de dos años y Ramos Padilla ahora es juez federal Electoral de la Provincia de Buenos Aires. El fiscal Juan Pablo Curi viene reclamando que D’Alessio y los primeros procesados vayan a debate.
Según Ramos Padilla, existió “una asociación ilícita paraestatal que, a través de variadas y complejas acciones vinculadas al espionaje y la inteligencia ilegal, llevó adelante todo tipo de planes y operaciones sobre políticos, empresarios, periodistas, el Poder Judicial y la opinión pública”.
Gestión
Cuando Pettigiani analizó la situación de Stornelli, planteó: “Resulta llamativa la gestión de la prueba en el presente expediente, pues en una causa donde se evalúan supuestos aprietes, ablandes o puestas en emergencia a testigos, el magistrado instructor dispone saltar ese límite, obligando a un imputado a que, por la fuerza, abra su teléfono a través de la huella o del rostro, lo cual termina generando que entregue ‘voluntariamente’ su clave numérica para poder abrir el teléfono. Entiendo que deberá revisarse la validez constitucional de dicha extracción de claves, que se realizara sobre el imputado D’Alessio, como la utilización de declaraciones vedadas por parte del imputado”.
A seis meses del dictamen del agente, en abril, el abogado de D’Alessio pidió que se declare la nulidad de las pruebas que se obtuvieron a través del teléfono de su asistido y recordó que él no estuvo presente en ese procedimiento.
Tanto el fiscal Curi como el juez federal de Azul, Martín Bava, a cargo transitoriamente del Juzgado de Dolores, rechazaron la pretensión, pero la defensa apeló y ahora la Cámara Federal analizará la cuestión.
