ESCUCHARLos representantes de ese país recusaron a seis de los siete miembros del tribunal, que tiene en su poder el expediente desde 2019. Aunque su planteo fue denegado, retrasaron el proceso. La Sociedad Interamericana de Prensa expresó su preocupación por lo sucedido y le exigió al Estado que juzgue a los autores intelectuales
Hace más de dos décadas, en mayo de 2000, la periodista colombiana Jineth Bedoya Lima fue a la Cárcel Modelo de Bogotá por trabajo: buscaba entrevistar a una posible fuente. [/privado]
Nunca entró. Fue retenida en el ingreso al penal por tres hombres -identificados como integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), el principal grupo paramilitar del país, que Bedoya Lima investigaba-.
Estuvo cautiva durante más de 15 horas. La golpearon, la torturaron y la violaron.
Dos semanas después del hecho, la mujer volvió a la redacción del diario El Espectador y siguió escribiendo sobre la violencia y los secuestros en Colombia y no tocó el tema del abuso sexual ni con sus colegas ni con ninguna persona ajena al ámbito judicial.
Pocos meses después, Bedoya Lima viajó al norte del país a cubrir una confrontación entre paramilitares y guerrilleros y cortó vínculos con familiares y amigos por razones de seguridad.
Aunque denunció su secuestro y violación ante las autoridades inmediatamente después de los hechos, durante más de una década la causa no avanzó.
En mayo de 2011, Bedoya Lima llevó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que le encomendó a la Fiscalía General colombiana retomar la pesquisa.
En 2012, gracias a que decidió revelar ante los medios que fue agredida sexualmente, el expediente progresó: los autores quedaron incriminados y se estableció que Bedoya fue víctima de crímenes de lesa humanidad, porque los hechos se enmarcaron en un accionar sistemático, empleado como “método de guerra”, para callar a quienes se atrevían a exponer ante la opinión pública las actividades del grupo.
En 2019, la CIDH le remitió la causa “Bedoya Lima y otra vs. Colombia” a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
El lunes, Colombia recusó a cinco de sus seis jueces (la única excepción fue el magistrado Eduardo Vio Grossi) y las audiencias virtuales previstas quedaron suspendidas.
El director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje), sostuvo que con sus preguntas y comentarios a Bedoya luego de que testificara, Elizabeth Odio Benito, Patricio Pazmiño Freire, Eugenio Zaffaroni, Eduardo Ferrer MacGregor Poisot y Ricardo Pérez Manrique “demostraron evidentes prejuzgamientos e involucraron nuevos asuntos que ni siquiera fueron debatidos ante la CIDH”.
El miércoles, la CIDH declaró improcedentes las recusaciones y se espera que fije en nuevo calendario de audiencias.
También rechazó otras solicitudes del Estado colombiano; a saber: que se declare la nulidad de todo lo actuado; que se excluyan del expediente internacional las preguntas formuladas por los jueces que dieron lugar a la solicitud de recusación y que el incidente se remita a la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Poco después de que trascendió el decisorio, Bedoya Lima denunció hostigamiento por parte de la agencia que comanda Gómez, quien a través de Twitter le envió un mensaje a la periodista para invitarla a llegar a un acuerdo. “Desde este mismo momento estoy a su disposición para iniciar las conversaciones y resolver el caso mediante el procedimiento de solución amistosa, con el pleno convencimiento de la prioridad que deben tener las víctimas”, escribió el funcionario.
Minutos después, la mujer le respondió: “Los canales escogidos por el director de la Andje no son los apropiados en el marco de un litigio en curso”.
Además, enfatizó que “denotan malas prácticas”.
Asimismo, la defensa de la demandante expuso que la agencia le envió una comunicación a su correo personal y que buscó forzar una respuesta inmediata. “La posterior publicación de esta comunicación privada, por medio de diferentes redes sociales, constituye un acto de hostigamiento y de litigio malicioso, que desde ningún punto de vista responde a la solemnidad y la dignidad del proceso”, consignó en un comunicado.
En tanto, cuestionó las tácticas de dilación en el proceso, así como la ausencia de Justicia por más de 20 años, que le atribuyó a la irresponsabilidad, ineficacia y falta de voluntad política del Estado colombiano.”
“Si el Estado desea aceptar su responsabilidad por las violaciones cometidas y comprometerse a la implementación de las reparaciones requeridas, debe hacerlo ante la Corte Interamericana, en el marco del proceso en curso”, expresó finalmente el equipo de abogados de la periodista.
Por su parte, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) planteó su preocupación por la retirada de los representantes del Estado de Colombia de la audiencia y se solidarizó con Bedoya Lima.
“Simboliza la violencia que padecen muchas mujeres periodistas en la región”, alegó Jorge Canahuati, presidente de la SIP y máximo responsable de la empresa periodística hondureña Grupo Opsa.
Por su parte, Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP y director del matutino local La Voz del Interior, sostuvo: “Nos preocupa esta dilación. Esperamos que el caso continúe ante la Corte IDH y que en la Justicia local se juzgue a los autores intelectuales y a quienes permitieron su impunidad”.
Bedoya Lima, actual subeditora de El Tiempo, recibió el Gran Premio Libertad de Prensa 2019 de la SIP.
El pasado día 8, con motivo del Día Internacional de la Mujer, el presidente de la SIP emitió una declaración en la que condenó el hecho de que muchas mujeres periodistas enfrenten “condiciones adversas para su desempeño que, en ocasiones, ponen en riesgo su dignidad y su derecho a la salud integral y a la vida”. La SIP es una organización sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas. Está compuesta por más de 1.300 publicaciones del hemisferio occidental. [/privado]
