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Viqueira
Esta semana, el presidente Javier Milei anunció que se prohibirá el traslado de presos por cuestiones de género.
Lo hizo luego de que se conocieran los hábeas corpus que presentó el líder de Los Monos, “Guille” Cantero, en los que dice auto percibirse mujer. “Sólo en un país cuyos valores han sido trastocados puede permitirse semejante barbaridad”, afirmó el jefe de Estado.
Sobre Cantero, planteó que la estrategia del capo narco rosarino apunta a que se le permita “recibir visitas de hombres”.
En ese marco, dijo que hay más casos en los que los convictos argumentan autopercibirse del género femenino “ya sea para aprovecharse de las reclusas” o para “continuar con sus negociados desde condiciones más laxas”, e hizo un llamado a los Gobierno provinciales para que repliquen la decisión en sus sistemas penitenciarios.
Debate
La intranquilidad por las posibilidades que abre la legislación en materia de género no es nueva y el sistema de Justicia lidia con pedidos.
En julio de 2023, luego de varios casos de “autopercepción” repentinos, la por entonces oposición al gobierno de Alberto Fernández impulsó una reforma de la Ley 26.763 (de Identidad de Género), para que la rectificación registral de sexo no tenga efectos jurídicos y no influya en la calificación de los delitos ni en el lugar de alojamiento.
En mayo del año pasado, Jonathan Luna, condenado a perpetua en 2017 por el crimen de Micaela Ortega -la nena de 12 años que, en 2016, se convirtió en la primera víctima de grooming seguido de muerte en Argentina- declaró ante la Justicia que cambió de género y pidió ir a una cárcel de mujeres.
El Comité Contra la Tortura bonaerense presentó un habeas corpus por el caso, que fue sostenido por la defensa de Luna.
Desde agosto de 2022, Luna figura en la causa como “Yoana”. El expediente se recaratuló por un decisorio del Tribunal de Casación, por la Ley de Identidad de Género, y fue trasladado a un pabellón trans.
Poco antes, el brasileño Fernando Alves Ferreira, imputado por femicidio en Bariloche, también dijo ser mujer. Su abogado informó que a “Amanda” no le cabía la figura penal.
Con éxito, la Fiscalía se opuso al planteo argumentando que, en 2022, al momento de cometer el crimen, Santos de Almeida se consideraba varón.
Ley 26.763
La iniciativa que redactó Marcela Campagnoli planteó modificar el artículo 7 de la Ley 26.763, a fin de evitar manipulaciones del sistema en pos de mejoras en situaciones procesales o de detención. “La rectificación registral no alterará la titularidad de los derechos y obligaciones jurídicas que pudieran corresponder a la persona con anterioridad a la inscripción del cambio registral, ni surtirá efectos jurídicos en casos de juzgamientos por femicidio y/o violencia de género que hubieran ocurrido con anterioridad a la rectificación, ni las provenientes de las relaciones propias del derecho de familia en todos sus órdenes y grados, las que se mantendrán inmodificables, incluida la adopción”, indica.
Advierte que la normativa vigente nada dice sobre los casos de quienes cometen un delito para cuya tipificación el género es condición necesaria y deciden modificarlo luego.
Derecho
El proyecto postula que el cambio no puede favorecer. “Un posterior cambio de género no puede, de modo alguno, tener un efecto retroactivo al momento en el cual el hecho ocurrió, aún cuando en el momento en el cual se celebre el juicio la persona haya modificado su género”, explica.
En esa línea, precisa que el género de quien comete un hecho de violencia contra las mujeres es constitutivo del ilícito y que los cambios en la percepción no son eximentes y/o atenuante de una responsabilidad que “en modo alguno desaparece” por la modificación posterior de “condiciones subjetivas vinculadas con la percepción” del delincuente.
Coherencia
“El plexo normativo debe tener coherencia, de modo tal que nunca la protección de ciertos derechos resulte ser vejatoria de otros”, reza también la iniciativa, acompañada por Alejandro Finocchiaro, María Luján Rey y Soher El Sukaria.
Consigna también que una visión consecuente y completa del ordenamiento jurídico “interpela a modificar la Ley de Identidad de género”.
Córdoba
En Córdoba, Gabriel Fernández, un hombre con problemas judiciales por violencia de género, anunció que se autopercibía mujer y reclamó ser tratado como tal.
Ya con su nueva identidad, “Gabriela” volvió a la cárcel, a un pabellón de mujeres, y violó a una interna, que quedó embarazada.
La Cámara de Acusación confirmó la prisión preventiva de Gabriela. Ordenó avanzar hacia el juicio por violencia de género y su traslado a un lugar especial, en donde se respete su identidad, pero no se ponga en peligro a otras internas.
“Para brindar completitud a los derechos de la aquí imputada, se vulneraron o se pusieron en riesgo los derechos de 481 mujeres”, sostuvo.
Víctimas
“Nos encontramos ante un supuesto contrario al previsto; es decir, la imputada, quien se autopercibe mujer y perteneciente al grupo LGBTI, es la que convierte en víctimas o presas de sus necesidades o gustos a sus compañeras, aprovechando, claro está, que se encuentra alojada en un establecimiento que no estaría preparado para esos casos de excepción, al menos por el momento”, dijeron los jueces Carlos Salazar, Patricia Farías y Maximiliano Davies.
Denuncias
Gabriela fue condenada por delitos vinculados a violencia de género antes de su autopercepción, pero logró alojarse con mujeres.
“Una vez en libertad, surge confusamente que formula denuncias contra su pareja del momento adoptando su anterior identidad (masculina). Otras parejas de ese lapso en libertad también la denunciaron por hechos vinculados a violencia de género”, recalcó el tribunal.
