ESCUCHARLa reforma laboral, un nuevo Código Penal, cambios en el Ministerio Público Fiscal y la ley electoral son algunas de las iniciativas en agenda. En materia económica, Defensa de la Competencia y Mercado de Capitales esperan su tratamiento en el Senado
Cambiemos tendrá por delante un año intenso en materia de reformas, que intentará materializar en el Congreso en el transcurso de 2018. Los proyectos incluyen la controvertida reforma laboral, una nueva ley de Ministerio Público, la designación del defensor del Pueblo y la reforma del Código Penal (CP).
Entre las prioridades de Mauricio Macri figuran la reforma laboral, que fue frenada en el Congreso por la resistencia de los gremios. El jefe de Gabinete, Marcos Peña, ya manifestó que Cambiemos quiere que el tema se discuta en febrero. Hay quienes sostienen que para morigerar el impacto se harán modificaciones a la iniciativa original. Algunos de los puntos que despiertan mayor resistencia son el concepto de irrenunciabilidad, el fondo de cese y la responsabilidad solidaria en las tercerizaciones.
El otro gran proyecto que anunciará Macri en la apertura de sesiones del Congreso será la reforma del CP y responsabilidad penal juvenil. En el caso del CP, la comisión redactora, encabezada por Mariano Borinsk, ultima los detalles del anteproyecto. En tanto, el ministro de Justicia, Germán Gravano, anunció en reiteradas ocasiones el envío de la reforma penal juvenil, que sigue sin ingresar. Si bien se trata de una iniciativa integral, el punto saliente y que promete mayor discusión es la baja de edad de imputabilidad a 14 años para delitos graves. Hasta ahora, el debate ocurrió en distintas mesas integradas por funcionarios, legisladores y especialistas.
Puertas adentro del Poder Judicial se espera que el Gobierno avance en la reforma del Ministerio Público. El debate se reactivó cuando Alejandra Gils Carbó presentó su renuncia y dejó su cargo.
El oficialismo había hecho un intento de reforma en 2016, que fracasó. Luego de que se designó interinamente a Eduardo Casal, el senador peronista Miguel Pichetto y el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, elaboraron un nuevo proyecto que no prosperó por algunos puntos polémicos, como la posibilidad de eliminar procuradurías especiales creadas durante la gestión de Gils Carbó, e incluso antes. La iniciativa también modifica las mayorías necesarias para designar y remover al futuro jefe de los fiscales.
En otro orden, se espera que Cambiemos continúe inisitiendo con el proyecto de reforma electoral, que se encuentra trabado en el Senado desde fines de noviembre de 2016. Fueron los gobernadores del peronismo quienes empujaron al Frente para la Victoria-Partido Justicialista (FpV-PJ) a frenarlo; ya contaba con aprobación de Diputados.
Dos fueron los temas que impidieron la reforma: por un lado, la implementación del voto electrónico -por las sospechas que todavía despierta la incorporación de tecnología en el proceso- y la posibilidad de modificar las elecciones PrimariasAbiertas, Simuñtánea y Obligatorias (PASO) e incluso eliminarlas.
Media sanción
En materia económica, el Senado tiene dos importantes proyectos que obtuvieron media sanción de Diputados en 2017: la nueva Ley de Defensa de la Competencia y la ley de Mercado de Capitales
La denominada “ley antimonopolios” fue aprobada en Diputados por amplia mayoría -140 votos a favor y 72 en contra- pero no fue tratada en el Senado. Ni siquiera figuró en el temario de sesiones extraordinarias. El texto endurece las sanciones contra la cartelización y apunta a combatir la concentración económica.
En tanto, la ley de Financiamiento Productivo fue avalada en la Cámara baja con 163 votos a favor y 65 en contra. Busca potenciar el financiamiento de las pymes.
Una vieja deuda
El cargo de defensor del Pueblo está vacante desde 2009 y todo parecía encaminado a saldar esa deuda, pero el debate quedó soslayado por las reformas económicas de fin de año.
El 8 de noviembre se definió en la comisión bicameral respectiva la terna de candidatos, integrada por el histórico dirigente peronista Humberto Roggero, el diputado provincial del Frente Renovador (FR) Jorge Sarghini y el defensor del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Alejandro Amor. Pero esa terna no llegó a votarse y finalmente cayó con la renovación parlamentaria.
El proceso volvió a foja cero y habrá que volver a elegir a los postulantes entre una nueva lista. El oficialismo indicó que se incluirán más mujeres y habrá más audiencias públicas. “Habrá un mayor ida y vuelta con las ONG”, garantizó.
Sin acuerdo
Mientras tanto, no hubo acuerdo entre el oficialismo y el FR para dictaminar en Diputados un proyecto unificado respecto de la Ley de Fueros. La intención era facilitar el allanamiento de propiedades de los legisladores cuando exista una orden judicial. El debate se disparó por el caso de Julio de Vido y hubo ronda de especialistas en la Comisión de Asuntos Constitucionales.
