ESCUCHARLo hizo el fiscal Enrique Senestrari, quien lo acusa por intermediación financiera, asociación ilícita y lavado de dinero. El abogado defensor del empresario adelantó que planteará la nulidad de la acusación.
El juez federal Nº 1, Ricardo Bustos Fierro, tendría previsto resolver hoy sobre el pedido de detención formulado por el fiscal Enrique Senestrari del empresario Euclides Bugliotti, en el marco de la causa por el funcionamiento de la financiera ilegal CBI Cordubensis.
Además de lo relativo a Bugliotti, titular del grupo Dinosaurio, Bustos Fierro también deberá resolver la situación del presidente de Toyota Compañía Financiera SA, Javier Spinelli, de quien también Senestrari pidió la privación de la libertad. Ambos empresarios están acusados por los delitos de asociación ilícita, intermediación financiera fraudulenta y lavado de dinero.
Enterado del pedido, Bugliotti designó a Carlos Hairabedian como su representante, quien adelantó que pedirá la nulidad de la acusación.
“Él (por Senestrari) ha cometido un error, una causa que era secreta la hizo pública ‘colgándola’ en al página (web) de la Procuración General de la Nación”, explicó el letrado, y agregó: “La imputación se ha vuelto nula, en consecuencia vamos a plantear su nulidad, y si la acusación es nula no puede prosperar y se cae la imputación y el pedido de detención”.
En defensa de su cliente, Hairabedian agregó que Bugliotti “es completamente ajeno a la operatoria de CBI. Además, no formaba parte de ella”.
De igual manera, desestimó la posibilidad de que su defendido pueda ser detenido. Al respecto, recordó que las personas no pueden estar privadas de la libertad si no existe una presunción de fuga.
Otros acusados
El fiscal también solicitó la imputación de otra decena de personas por distintas maniobras que se habrían realizado en la financiera. Además de a Spinelli y Bugliotti, se imputó a Eduardo Daniel Rodrigo, Darío Onofre Ramonda, Darío José Ramonda, Alejandro Miguel Yacopini, Aldo Hugo Ramírez, Julio César Ahumada, Daniel Arnoldo Tissera, Oscar Américo Altamirano, Luis María de los Santos y Javier Fernando Guevara Amado.
Una de las principales maniobras descubiertas está vinculada con el libramiento de numerosos cheques que habrían sido adquiridos por CBI Cordubensis SA en su operatoria ilícita, cuyo importe en total ascendería a una suma cercana a 300 millones de pesos entre los meses de septiembre de 2010 y agosto de 2012, aproximadamente. Spinelli recibió en las cuentas de Toyota un número no determinado de cheques que habrían sido adquiridos por Cordubensis SA como intermediario en la simulación de la modalidad de pago de vehículos, realizado supuestamente en efectivo, pero concretados mediante cheques.
Por la actividad comercial de la firma, esas cuentas estaban exentas del pago del impuesto a los Créditos y Débitos Bancarios (impuesto al cheque) y fueron declarados como cancelación por 240 millones de pesos, “otorgándole la apariencia de tener un origen lícito”.
Además, Spinelli habría omitido de tributar el impuesto al cheque entre 2009 y 2014 por un monto no establecido con exactitud hasta el momento.
