ESCUCHAREn La Pampa, diputados del PJ y del PRO coinciden en la necesidad de investigar la actuación de Ana Clara Pérez Ballester y de someterla a un jury. La mujer ya fue denunciada por una ONG. Después de la condena contra las homicidas, la mira está puesta en la cadena de responsabilidades funcionales
En La Pampa, el bloque de diputados del Partido Justicialista (PJ) pidió el juicio político de Ana Clara Pérez Ballester, la jueza de Familia que en 2020 le dio la tenencia de Lucio Dupuy a su madre, Magdalena Espósito Valenti, condenada junto a su pareja, Abigail Páez, por el homicidio del niño, de cinco años.
Lo propio hicieron los representantes de la bancada del PRO.
El oficialismo pampeano precisó que impulsará una investigación sobre la actuación de la magistrada para “determinar sus responsabilidades producto de su desempeño en el marco de denominado caso Lucio”.
En tanto, el PRO indicó que Pérez Ballester debe explicar por qué: no se hizo un informe socio-ambiental para establecer el contexto familiar donde iba a vivir Lucio; no se informó ni se citó a testigos; no se escuchó al niño ni fue entrevistado por un equipo de profesionales y no se notificó al padre, quien tenía el cuidado personal compartido, ni se explicó la razón del cambio de centro de vida del pequeño de General Pico a Santa Rosa.
Más Vida
La semana pasada, la Fundación Más Vida, presidida por Raúl Magnasco, denunció a Pérez Ballester por incumplimiento de deberes de funcionario público.
En declaraciones radiales, Magnasco enfatizó que Pérez Ballester “tuvo varias alertas” para evitar la muerte a Lucio, y agregó: “No sabemos si por una cuestión ideológica no cumplió con los deberes de una jueza de Familia”.
En tanto, precisó que la denuncia que promovió incluye a todos los funcionarios públicos que tenían la obligación de intervenir en el proceso. “Es difícil pensar que la jueza no tuviera información o sospecha del contexto en el que se encontraba la vivienda definitiva”, indicó el titular de la ONG.
“Las torturas y vejaciones a las que fue sometido ocurrieron en un año, son difíciles de ocultar o pretender que nadie se enteró”, sumó.
Paralelamente, señaló que cada vez que Espósito Valenti y Páez iban a buscar al infante a la casa de la familia paterna “había llamados a la policía” y “discusiones en la puerta”, y resaltó que cuando tenían que devolverlo no lo hacían.
En esta línea, recordó que Cristian Dupuy, el padre de Lucio, acudió varias veces a la Justicia y que nadie le prestó atención.
Lesiones
Entre diciembre de 2020 y marzo de 2021, Lucio ingresó en al menos cinco nosocomios de la ciudad de Santa Rosa, con distintas lesiones.
Teniendo en cuenta que el personal sanitario que lo recibió no alertó sobre la situación, y con el debate oral por el crimen ya finalizado, la familia paterna de Lucio denunciará al sistema de salud provincial por ignorar las alertas y no anoticiar al Poder Judicial.
Antes de que se dictara el fallo condenatorio, el abogado que patrocina al papá de Lucio, José Mario Aguerrido, en entrevista con un portal detalló que la presentación es genérica y que “luego irán apareciendo los responsables”.
Por lo pronto, se sospecha que ninguno de los médicos que atendió a Lucio revisó sus antecedentes médicos en otros hospitales y que, si lo hicieron, no se inquietaron por el hecho de que un pequeño de 5 años hubiera sido llevado tantas veces a distintos centros asistenciales.
El 15 de diciembre de 2020, Lucio fue atendido en el Hospital Evita, de Santa Rosa, por traumatismos en miembro superior. Tres días después, fue llevado al Hospital Molas por una fractura de muñeca y mano. El 22 de enero de 2021, el nene fue revisado en un dispensario del barrio Río Atuel, nuevamente por un traumatismo en uno de sus brazos.
El 1 de febrero volvió al Hospital Evita por traumatismos en el cuerpo. Menos de dos meses después, el 23 de marzo, volvió a entrar al Evita, por una deformidad en un dedo a raíz de una fractura ósea: alguien le había tirado el dedo para atrás hasta rompérselo.
A ningún galeno le pareció extraño que un infante presentara tantas lesiones y su historial fue ignorado.
Según precisó en letrado de los Dupuy, después del crimen de Lucio se registraron más de 300 ingresos injustificados a su histórica clínica. “Creemos que eso fue sólo morbo. Esperamos que se investigue a quienes ingresaron sin necesidad luego de la muerte”, afirmó.
Acuerdo
Pérez Ballester fue nombrada el 22 de noviembre de 2017 como titular del Juzgado de la Familia y el Menor Número 1 de General Pico.
Tres años después, homologó un acuerdo para que el niño viviera con las ahora condenadas, en el expediente “Esposito Valenti Magdalena c/ Hidalgo Leticia s/ cuidado personal”.
Leticia Hidalgo es la esposa del tío paterno de Lucio. La pareja tenía su guarda por un acuerdo entre los padres, pero en un momento Esposito Valenti comenzó un litigio para mudar al nene con ella y su novia a Santa Rosa.
Cansada de las presiones, la tía de Lucio cedió y firmó un pacto que fue homologado por Pérez Ballester.
Fiscal
Una vez que terminó el juicio por el brutal crimen del Lucio, la fiscal de Género de La Pampa, Verónica Ferrero, fue entrevistada en Radio con Vos por el periodista Ernesto Tenembaun.
Sobre el veredicto dictado el pasado jueves 2 de febrero, manifestó que está “parcialmente” conforme y no descartó que se recurra el tramo del fallo que no responsabilizó a la madre del nene por abuso sexual.
Ferrero enfatizó que el infante “era el objeto de satisfacción” de ambas penadas, “para abusarlo y golpearlo”.
Tenembaun le preguntó si no prensaba que la novia de la madre de Lucio estaba arrepentida, por su estado emocional durante el debate.
La funcionaria fue tajante y descartó la posibilidad. Recordó que las encartadas se enviaron 84 mil mensajes de WhatsApp desde que se conocieron hasta que mataron a Lucio y que de esas interacciones 16 se registraron partir del momento en que lograron llevarlo a Santa Rosa. “Si usted lee esos mensajes, no va a tener la impresión que hoy tiene de Páez”, disparó.
La fiscal resaltó que las dos golpearon al niño y lo sometieron a abusos durante su último año de vida y que para disimular las consecuencias de sus actos se ponían de acuerdo para no llevarlo al jardín de infantes o al médico e impedir las visitas de sus familiares. “Lo aislaron totalmente y así pudieron continuar con esos ataques”, profundizó.
Además, estimó que “no hay posibilidad de no inculparlas a ambas tanto por la muerte como por el abuso”.
Odio de género
Consultada sobre por qué no se aplicó la figura del odio de género, Ferrero detalló que las criminales fueron peritadas por dos psiquiatras y psicólogos forenses que determinaron que no mataron al niño porque era varón sino porque tienen una personalidad perversa y “generaron un vínculo dual, narcisista y exclusivo en donde existen solo ellas y les preocupa su persona”.
“Jamás hicieron un duelo por la muerte del niño. En el vínculo no había un tercero ya que Lucio era considerado un objeto, no una persona, que les estorbaba, molestaba y era el culpable de los problemas de pareja”, sumó.
Con ese dato, el columnista especializado en policiales Gustavo Grabia le preguntó por qué la madre peleó tanto y presentó tantas denuncias contra los guardadores para llevarse a Lucio con ella, y Ferrero dijo que justamente eso era lo que se preguntaba desde el momento en que empezó a estudiar el expediente. “Los peritos que intervinieron consideraron que tener ese niño era para ellas un objeto de satisfacción para golpearlo, abusarlo y cobrar un dinero por su tenencia, quizás ésa es la cuestión”, sugirió.
Ley
El diputado nacional Martín Maquieyra (PRO), uno de los impulsores de la denominada “Ley Lucio”, insistió en la necesidad de avanzar sobre “la cadena de responsabilidades” en el caso.
En declaraciones a Radio Del Plata, destacó que uno de los puntos principales de la iniciativa es la reserva de identidad en la denuncia para los docentes, médicos y todo el personal del Estado en contacto con menores, de modo que puedan “hacer su trabajo de forma más protegida”.
Maquieyra añadió que lo que se busca con la normativa es que “no haya excusas para que un médico o un docente digan que no vieron nada”.
“Lucio entró cinco veces a guardias distintas y no se hizo ni siquiera un seguimiento de historia clínica”, destacó.
