ESCUCHAREl fiscal Sergio Rodríguez le envió oficios a Cristina Fernández, presidente del Senado; al diputado Sergio Massa, titular de la Cámara Baja, y al magistrado Carlos Rosenkrantz, quien encabeza la Corte Suprema.
La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), a cargo del fiscal Sergio Rodríguez, abrió un expediente cuando se conoció la existencia de un vacunatorio paralelo (o “VIP”) comandado por autoridades del Ministerio de Salud de la Nación, que dispusieron de dosis del fármaco Sputnik V destinadas al personal del Hospital Alejandro Posadas para inmunizar a individuos relacionadas con el oficialismo, como funcionarios, dirigente y militantes.
La PIA promovió sendos pedidos de información al Poder Ejecutivo Nacional, a fin de que la Jefatura de Gabinete o el Ministerio de Salud precisaran, por ejemplo, la cantidad de vacunas que recibieron las autoridades y cómo las distribuyeron. También reclamó que le remitieran la lista de vacunados.
Parte de los datos que recabó la PIA se sumó a la pesquisa que dirigen la jueza federal María Eugenia Capuchetti, con la intervención del fiscal Eduardo Taiano. En esa causa uno de los imputados es el ex ministro de Salud, Ginés González García, a quien el presidente Alberto Fernández le pidió la renuncia luego de que estallara el escándalo, aunque minimizó la gravedad de lo sucedido.
Actualmente, la PIA y Taiano están analizando la documentación se se obtuvo e intentado sumar más.
Listado
Uno de los últimos reclamos de información que hizo la PIA se lo cursó al resto de los poderes del Estado: el 25 de febrero, intimó a las dos cámaras del Congreso, a la Corte Suprema de Justicia, a la Defensoría General de la Nación y a la Procuración General de la Nación, para que aporten constancias que permitan determinar si el Ejecutivo les indicó hacer un listado de “personal estratégico” para recibir la vacuna.
Los oficios que suscribió el fiscal Rodríguez tuvieron como destinatarios a la presidente del Senado, Cristina Fernández de Kirchner; al titular de Diputados, Sergio Massa; al presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz; a Stella Maris Martínez, quien comanda la Defensoría General de la Nación, y a Eduardo Casal, a cargo interinamente de la Procuración General de la Nación. A todos, la PIA les exige que informen “si en los términos del Plan Estratégico aprobado por resolución 2883/2020 del Ministerio de Salud de la Nación recibió por parte de la Presidencia de la Nación, Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, Ministerio de Salud o cualquier otra área del Poder Ejecutivo, alguna comunicación (ya sea en carácter formal o informal) en la que se haya sugerido o indicado que se proceda a categorizar a los magistrados, funcionarios y empleados como personal estratégico o de salud” o alguna otra nomenclatura prevista en la normativa indicada para recibir la vacuna (cualquiera de sus variantes).
Resolución
Cabe recordar que en la resolución 2883/2020, firmada por González García, que estableció el plan de vacunación, se describió a la “población priorizada”. En ella e incluyó al personal de salud, a los mayores de 60 años, a las personas de 18 a 59 años con factores de riesgo y al denominado “personal estratégico”, dentro del cual se incluyó a quienes desarrollen “funciones de gestión y/o conducción” y “necesarias para adecuado funcionamiento del Estado” y a los que integran grupos con mayor “riesgo de infección o transmisión”.
Agregó a las fuerzas de seguridad y armada; docentes y personal no docente de todos los niveles educativos; funcionarios del Estado y personal del Servicio Penitenciario.
El 26 de febrero, la actual ministra de Salud, Carla Vizzotti, estableció mediante la resolución 712/2021 las nuevas condiciones que debe reunir el “personal estratégico” e indicó que tiene que acatar un “protocolo” para la solicitud de anuencia recibir la vacuna.
La funcionaria estableció que se considera “personal estratégico” a “las personas que desarrollen funciones de gestión necesaria y relevante para el adecuado funcionamiento del Poder Ejecutivo que acrediten el rol estratégico de su función, independientemente de la edad y la condición de salud”, que “realicen tareas presenciales que impliquen riesgo aumentado de exposición”. También incluyó a los representantes del Estado nacional en organismos internacionales y los funcionarios jerárquicos cuya actividad requiera tareas presenciales que impliquen “riesgo aumentado de exposición” y a “las personas que realicen viajes fuera del país como miembros de delegaciones oficiales encabezadas por integrantes de los poderes del Estado nacional” o que deban recibir, en nombre de estos poderes, a “comitivas oficiales que provengan del exterior en representación de otros Estados o de organismos internacionales”.
Los oficios enviados por Rodríguez el 25 de febrero aún no fueron contestados en su totalidad. Cuando lleguen las respuestas se sumarán a la información acumulada en el expediente de la PIA 121/2021, cuya carátula es “Ginés González García, sobre abuso de autoridad”.
Irregularidades
Cabe recordar que el lunes Taiano amplió la lista de imputados en la investigación por irregularidades en la campaña de vacunación. Lo hizo luego de que la jueza a cargo del expediente acumulara denuncias.
Ahora, a la nómina de encausados que integran González García y su ex secretario privado, Lisandro Bonelli, se sumaron a Alejandro Collia y a Marcelo Guillé.
Collia es subsecretario de Gestión de Servicios e Institutos de la cartera de Salud de la Nación y Guillé trabajaba como asistente de González García.
El fiscal circunscribió el objeto de la investigación y dictaminó que la pesquisa se concentrará en las vacunaciones irregulares llevadas a cabo con dosis de Sputnik V asignadas al Posadas.
Bajo ese parámetro, planteó que “personas que no cumplían con los criterios de prioridad epidemiológicos y el esquema de etapas previamente establecidos y/o en los formularios pertinentes consignaron una categoría falsa de trabajadores sanitarios” habrían sido inmunizados en la institución médica, en la sede del ministerio que conducía González García y en domicilios particulares.
En la causa ya se recibieron las testimoniales de Alberto Maceira, director del Posadas; de María Elena Borda, jefa del servicio de medicina preventiva; de Lucrecia Raffo, directora general de asistencia médica y de Graciela Torales, coordinadora de atención de pacientes del hospital. Todos admitieron la existencia de un “vacunatorio VIP”, de viajes hasta el ministerio de Salud para aplicar el fármaco y el haber recibido llamados desde el círculo de colaboradores de González García para vacunar a gente que no tenía prioridad.
El fiscal pidió que se haga un cruce los llamados telefónicos de los imputados y que se cite a declarar como testigo a la ensayista Beatriz Sarlo, que días antes de que estallara el escándalo aseguró en un programa de televisión que le “ofrecieron la vacuna bajo la mesa”.
