Ex funcionarios pueden ver comprometidos sus patrimonios por el endeudamiento con el FMI

La directora del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Betina Stein, dijo que ex funcionarios macristas como Nicolás Dujovne, Luis Caputo y Guido Sandleris podrán verse obligados a responder con su patrimonio si la Justicia verifica que cometieron irregularidades al tomar el crédito con el FMI que endeudó al país en 2018.

Al ser consultada sobre las responsabilidad de estos ex funcionarios luego de que el Gobierno decidió este lunes impulsar una querella criminal contra la administración Macri por las irregularidades encontradas en el último crédito contraído con el FMI, Stein equiparó la situación con la de una empresa.

«En una sociedad, frente al proveedor, la sociedad es responsable, e internamente se certifica un crédito que no se debería haber tomado. Hay medidas para responsabilizar patrimonialmente a los funcionarios porque esto tiene que ver con la investigación. Ha habido incumplimientos del Convenio Constitutivo del FMI», dijo la funcionaria del BCRA, en declaraciones radiales que replicó la agencia de noticias Télam.

Aunque no lo especificó, Stein se refirió a la violación del artículo VI del Convenio Constitutivo del FMI, que establece que «ningún país miembro debe utilizar los recursos generales del Fondo para hacer frente a una salida considerable o continua de capital, y el Fondo podrá pedir al país miembro que adopte medidas de control para evitar que los recursos generales del Fondo se destine a tal fin».

Como prueba de ello, Stein mencionó el «informe concluyente», elaborado por el BCRA, en abril y mayo pasados, que analizó la Formación de Activos Externos durante 2015 y 2019.

«La formación de activos externos, que es la expresión técnica de lo que coloquialmente se conoce como ‘fuga de capitales’, se triplicó durante el gobierno de Mauricio Macri hasta superar 86.000 millones de dólares”, advirtió Stein.

También mencionó los documentos firmados por estos ex funcionarios para obtener el préstamo con el FMI.

«En esos memorándum, el Gobierno anterior se comprometió a absorber presiones externas con el tipo de cambio, limitando la venta de divisas, justamente para preservar las reservas internacionales, y nada de esto sucedió», dijo.

Según Stein, «en la primera fase, la formación de activos externos, resultó de alrededor 41.000 millones de dólares».

Dicha fase «comenzó entre fines de 2015 y principios de 2016 con la eliminación del conocido ‘cepo’ (cambiario) con el que se cuidaban las reservas».

Luego, en la etapa de mayor aceleración -mayo de 2018 hasta octubre de 2019-, la formación de activos externos fue de «45.000 millones de dólares», precisó.

Esto es casi el equivalente a la parte del crédito aprobado en junio de 2018, desembolsado por el FMI por un total de 44.000 millones de dólares, en prácticamente el mismo período.

Este lunes, el presidente Alberto Fernández anunció ante la Asamblea Legislativa su decisión de impulsar una querella criminal para investigar delitos que a su juicio cometió el macrismo al endeudar al país con el FMI.

Más tarde, el BCRA envió a organismos de control toda la documentación para comenzar a  investigar el acuerdo con el fondo.

Uno de los ex funcionarios apuntados por la denuncia del Gobierno, el ex presidente del BCRA, Guido Sandleris -quien también formó parte del equipo económico-, sostuvo en su cuenta en la red social Twitter que «el préstamo con el FMI casi no aumentó la deuda pública»; y que «2 de cada 3 dólares de deuda que se tomaron durante el gobierno de Macri se usaron para pagar deudas heredadas (la deuda pública al inicio del gobierno de Macri ya ascendía a US$241 mil millones)».

Por su parte, aunque no participó del armado del crédito con el FMI, el ex ministro de Hacienda Hernán Lacunza destacó en defensa de la gestión macrista que «en 2020 la deuda aumentó más que en el promedio 2016-19: US$21.000 millones, versus US$17.800 millones promedio en cuatrienio anterior».

En tanto, la autoridad monetaria remitió todos los informes a la Sindicatura General de la Nación (Sigen) y a la Oficina Anticorrupción, para que esos organismos analicen si hubo perjuicio contra el Estado a partir del convenio firmado durante la administración de Mauricio Macri con el FMI.

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