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Bloquear la “industria del juicio”, uno de los objetivos de la dirigencia pyme

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“Los empleados no son una unidad de ajuste de una empresa, ni tampoco deben ser una unidad de fundición, que tomar un empleado resulte una complicación enorme por las leyes laborales que tenemos, que dan asilo a la industria del juicio. Tenemos que bloquear la industria del juicio sin afectar el derecho adquirido del trabajador”.

Bajo esa premisa, el 25 de enero pasado, luego del paro general convocado la Confederación General del Trabajo (CGT) en el marco de bruscas caídas en el consumo y de la industria pyme, el presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Alfredo González, planteó la necesidad de avanzar con un plan de modernización laboral.

Lo hizo en una entrevista con Newsweek Argentina, durante la cual aseguró también que “contratar a un empleado tiene que ser un premio y no un castigo”.

Días antes, en un comunicado en el cual enfatizó que las pymes necesitan trabajar, la CAME se pronunció en contra de la medida de fuerza convocada por la CGT, al entender que implicaría un día sin producción y sin actividad comercial que le causaría una pérdida económica “mayúscula” al país.

Más actividad
“Las pequeñas y medianas empresas representan el entramado más auténtico de la economía real de la Argentina. Por eso, desde la CAME siempre se pide más actividad, más producción y más ventas”, sumó la organización.
En ese contexto, González, recordó que cada mes las firmas deben afrontar gastos fijos y son las principales generadoras de empleo registrado.

“Somos respetuosos de las decisiones del sindicalismo y del derecho a huelga. Entendemos y compartimos la incertidumbre imperante y la angustia que afecta a buena parte de nuestra población, pero no creemos que un paro sea el instrumento que vaya a revertir esta situación”, resaltó el dirigente.

Por su parte, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) hizo un “llamado a reflexionar” sobre los dispares criterios con los que algunos sectores de la política y del sindicalismo protestan.

Con un duro documento, la entidad recordó que los sectores que adhirieron a la medida de fuerza “no realizaron manifestación alguna” durante los cuatro años en que Alberto Fernández ejerció el Poder Ejecutivo, un período en que el crecimiento de la pobreza y la inflación, con su consecuente deterioro del poder adquisitivo, fueron constantes.

“El paro anunciado para el próximo 24 de enero será el más rápido realizado a un gobierno nacional desde el retorno de la democracia, en 1983, a tan solo 40 días de haber asumido Milei la presidencia”, precisó.

Planteó además que se motorizó “a sabiendas de que el 56% de los ciudadanos acompañó en las urnas” las propuestas del presidente Javier Milei “aunque no auguraban meses de bonanzas” sino de “un costoso pero necesario reacomodamiento macroeconómico”.

“En cualquier análisis que hagamos sobre el nuevo gobierno, no podemos obviar que la presente inflación es producto de medidas, equivocadas a nuestro juicio, tomadas por la gestión anterior”, amplió.

Agregó que aquéllas llevaron a que la presidencia de Fernández finalice con una inflación acumulada de 930,7%. “A modo de referencia, el gobierno de Mauricio Macri registró una variación de precios de 304,3%, una de las razones que motivó que la CGT realizara cinco paros generales. Resulta llamativo que durante la era Fernández no se llevara a cabo ninguno”, disparó.

“Nuestra responsabilidad, como dirigentes, es trabajar para el bien de todo el pueblo argentino, dejando de lado intereses personales, ideológicos, sectoriales y/o partidarios”, cerró la CAC.

DNU 70/23
Antes, la CAC reiteró su apoyo a la reforma laboral que contiene el DNU 70/23. Destacó que existe desde 1924, en una actividad que comprende a cerca de 4.5 millones de trabajadores, lo que la coloca “en un lugar esencial” para poder informar y enriquecer el debate que podría hacerse en la Corte respecto de los alcances del Capítulo Laboral, Título IV del DNU.

Así, se ofreció para participar como “amicus curiae” (amigo del tribunal) ante el rechazo del DNU planteado por la CGT y CTA, que presentaron amparos.

La CAC argumentó que podía aportar los “fundamentos fácticos, jurídicos y técnicos” que recabó en un siglo de actividad en el sector empresario. “Los cambios que se impulsan en materia laboral propiciarán la creación de más puestos de trabajo, en empresas ya existentes y nuevas a conformarse”, aseveró.

Corte
Hace horas, la CAME, la Sociedad Rural Argentina (SRA) y la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO) se presentaron ante la Corte Suprema y también manifestaron su apoyo a la reforma laboral decretada por Milei.

“A partir de la declaración de inconstitucionalidad del Título IV (artículos 53 a 97) del DNU por parte de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, y encontrándose en estudio por parte de la Corte, las tres entidades empresarias expresan la necesidad de derogar todos los artículos que contemplan multas económicas y que son los principales generadores de la litigiosidad laboral en la República Argentina (artículos 8, 9, 10 y 15 de la Ley 24.013; 1 y 2 de la Ley 25.323 y 80 de la Ley 20.744, conforme el texto ordenado por la Ley 25.345)”, alegaron.

Según afirmaron la CAME, la SRA y la CONINAGRO, los artículos en cuestión dificultan la generación de empleo genuino, al enfrentar a las pymes con la contingencia de afrontar una erogación que el propio negocio es incapaz de producir.

En ese sentido, sobre las multas, reiteraron que “provocan una afectación económica de enorme relevancia, comprometiendo seria, injusta y desproporcionadamente a las empresas y a la sociedad en su conjunto”.

El peor error
“Medularmente se expuso que las multas de las leyes 24.013, 25.323 y 25.345 fueron el peor error de política legislativa en materia social y económica de la historia del derecho del trabajo en la Argentina, en tanto disuaden a los empleadores de contratar de un modo muy trascendente”, agregaron en un comunicado conjunto.

“Se excluye de forma expresa toda vinculación con el Derecho Colectivo del Trabajo”, aclararon.

El respaldo también se motorizó bajo la figura de amicus curiae (es decir, como terceros ajenos a la disputa que quieren aportar argumentos u opiniones).

En esa misma línea se presentaron en enero la Unión Industrial Argentina (UIA), la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) y las seis principales entidades empresarias de Córdoba.

Cabe recordar que la UIA hizo un listado de las iniciativas más destacadas del capítulo laboral del decreto, a saber: la eliminación de multas por registro deficiente de la actividad laboral y la creación de incentivos para el empleo formal, con la consecuente disminución de la judicialización de los conflictos laborales; la promoción de negociaciones colectivas dinámicas y los incentivos a la productividad; la actualización del régimen de multas para disminuir la judicialización de conflictos laborales y la modificación en el sistema de cálculo de capitalización de intereses en los fallos laborales”.

Córdoba
Por Córdoba, la Bolsa de Comercio; la Cámara de Comercio; la Cámara de Comercio Exterior; la Federación Comercial; la Unión Industrial y la Bolsa de Cereales también pidieron que la Corte Suprema revoque la cautelar dictada en la feria por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.

“Las cargas, costos e ineficiencias de las normas laborales modificadas o derogadas han provocado una merma sustancial en las contrataciones de nuevos empleados y dando lugar a barreras infranqueables para el desarrollo de las pymes argentinas y la generación de nuevos puestos de trabajo”, sostuvieron.

“En Argentina, el empleo formal en el sector privado se mantiene estancado en seis millones de puestos de trabajo desde 2011, lo que ha provocado la anómala e inaceptable situación de que el empleo informal supere al formal en un 33 por ciento”, subrayaron.

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