ESCUCHAREn diciembre de 2018, un tribunal de Valdivia condenó al encausado por provocar un incendio y tener ilegalmente un arma de fuego de fabricación artesanal
El juzgado federal de Bariloche falló a favor de la extradición del dirigente mapuche Facundo Jones Huala a Chile.
El dirigente, condenado en el país vecino por actos terroristas, aún puede apelar, por lo que su traslado no será efectivo inmediatamente.
El 21 de diciembre de 2018, un tribunal de la ciudad de Valdivia condenó al encausado por provocar un incendio y tener ilegalmente un arma de fuego de fabricación artesanal.
Le impuso nueve años de prisión, por quemar una vivienda y amenazar a una familia, aunque la pena se redujo a seis años debido a que se computó el tiempo que pasó detenido en Argentina, en la cárcel federal de Esquel, antes de su extradición.
A fine de enero pasado, la Policía de Río Negro detuvo a Jones Huala en una vivienda de la localidad de El Bolsón.
El líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) estaba prófugo de la Justicia de Chile desde febrero de 2022. Una vez capturado, fue trasladado a Bariloche.
Varias personas lo habían identificad y anoticiado a las autoridades, hasta que finalmente se activaron las tareas de investigación y se dio con su paradero.
La gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, declaró que -cuando fue apresado- Jones Huala estaba “en estado de ebriedad”, en buena condición física y “solo, escondido y en una situación de delito común”.
El Poder Judicial chileno declaró prófugo a Jones Huala a inicios de 2022, por no presentarse ante los tribunales luego de que la máxima instancia de ese país revocó su libertad condicional.
Condicional
El encartado accedió a aquel beneficio porque el Tribunal de Apelaciones de Temuco tomó en cuenta su buena conducta durante el cumplimiento de la pena.
El gobierno chileno apeló con éxito el decisorio: la Corte Suprema chilena revocó la sentencia y ordenó que volviera a la cárcel, algo que no sucedió porque se dio a la fuga.
Una vez que Jones Huala quedó bajo custodia, Diego Frutos, presidente de la Junta Vecinal de Villa Mascardi, afirmó que el gobierno nacional tenía que “tomar cartas en el asunto” y alertó sobre la peligrosidad del dirigente.
En declaraciones radiales, Frutos -uno de los denunciantes sobre los violentos ataques de la RAM- estimó que Jone Huala lideró de los encapuchados sindicados como autores de los últimos atentados en el sur.
Además, criticó al ministro de Seguridad de la Nación. “Aníbal Fernández nos menospreciaba a los vecinos cada vez que denunciamos el lugar exacto donde estaba; yo denuncié el lugar exacto donde estaba mirando la final del Mundial (de Fútbol)”, afirmó.
Frutos celebró la detención de Joen Huala y la activación del protocolo para su extradición a Chile.
Interpol emitió una alerta roja (la vigente hasta la fecha era azul) para que siguiera preso en Río Negro y pasó a estar en su lista de personas más buscadas.
Condicional
El proceso que derivó en la concesión de la condicional a Jones Huala generó polémica.
En octubre de 2021, el senador nacional Pablo Daniel Blanco (Juntos por el Cambio) presentó un proyecto para solicitar que el Poder Ejecutivo Nacional, por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, detallara los pormenores de la participación del embajador argentino en Chile, Rafael Bielsa, en la audiencia de libertad condicional.
“Resulta absolutamente inconcebible que un embajador argentino se inmiscuya en asuntos internos y judiciales de otro país en contra de nuestra tradición diplomática. Es por ello que exigimos saber qué instrucciones ha recibido por parte del canciller, pues cuesta creer que Bielsa se haya presentado por voluntad propia”, afirmó el fueguino.
El legislador recordó que la Cancillería, en sus reglamentaciones internas, establece que los diplomáticos no pueden ser parte de procesos judiciales en otros países e interceder para obtener exenciones de prisión ni proporcionar asesoramiento legal.
En esa línea, argumentó que la presencia de Bielsa en la audiencia era una vulneración de las disposiciones de la propia Cancillería y “una intervención directa en asuntos que no le competen, lo que constituye una falta gravísima que ameritaría su remoción”.
Blanco definió al dirigente como “uno de los principales promotores de las tomas de tierras en la Patagonia Andina mediante actos violentos, intrusiones y atentados contra propiedades y personas”.
