ESCUCHARSe trata de los santacruceños Sergio Acevedo, Carlos Sancho y Daniel Peralta. El reclamo ocurre en el marco de la pesquisa por la licitación, presuntamente irregular, de obras viales durante el gobierno anterior
Los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques le reclamaron al juez Julián Ercolini que cite a indagatoria a tres ex gobernadores de la Provincia de Santa Cruz debido a que, según la investigación que llevan adelante, favorecieron las empresas del detenido empresario Lazaro Báez, que recibieron millonarios contratos de obra pública vial en el sur del país. Se trata de Sergio Acevedo, Carlos Sancho y Daniel Peralta.
El pedido se enmarca en la pesquisa en virtud de la cual la ex presidente Cristina Fernández, el ex ministro de Planificación Julio de Vido y el ex secretario de Obras Públicas José López, entre otros, irán a debate acusados de direccionar trabajos a favor de las firmas de Báez.
En su dictamen, los agentes señalaron que en la causa se pudo corroborar la maniobra de corrupción por la cual el Poder Ejecutivo Nacional y los organismos de la administración estatal competentes montaron una “organización criminal orientada a la sustracción de fondos públicos por medio de la asignación discrecional de prácticamente 80 por ciento” de las obras viales adjudicadas en Santa Cruz en favor de empresas de Báez, lo que representó la contratación del Estado por 46 mil millones de pesos.
Pollicita y Mahiques explicaron que con su solicitud buscan esclarecer la responsabilidad penal de aquellos individuos que, desde la estructura burocrática de la Provincia de Santa Cruz, pusieron a disposición de la maniobra sus facultades públicas y contribuyeron al plan criminal que “se decantaba desde la cúspide del Ejecutivo Nacional” y que “demandaba su imprescindible colaboración para su implementación y sostenimiento en el tiempo”; todo ello “a sabiendas de los alcances de la maniobra y brindando su acuerdo previo, tendiente a garantizar su éxito”.
En tanto, indicaron que los funcionarios de las distintas carteras de la Administración pública provincial durante el período 2003-2015 contribuyeron y estimaron que la responsabilidad por haber entregado negocios a Báez recayó no sólo sobre los ex gobernadores sino también sobre ex ministros de Economía y de Obras Públicas, funcionarios del área de Vialidad provincial e integrantes del Tribunal de Cuentas de Santa Cruz, razón por la cual pidieron que se cite a más de 20 personas.
