ESCUCHAREl Juzgado Federal Nº 1 de Mendoza resolvió hacer lugar al cambio de nombre solicitado por una mujer, quien padeció violencia sexual y trata de personas por parte de su entorno familiar. La resolución se focalizó en la importancia del nombre como derecho humano y en la reparación integral que deben brindar los Estados.
La mujer fue acompañada, desde que se vinculó con el proceso penal, por el Programa Especial de Atención a Víctimas de Trata y Explotación de Personas, de la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a Víctimas (Dovic) del Ministerio Público Fiscal (MPF).
Su historia comenzó cuando decidió irse de su domicilio, hace diez años, debido a la situación de la que era víctima. A dos meses de haber comenzado la cuarentena, en mayo de 2020 se contactó con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación para solicitar el reconocimiento de los derechos de sus hijos, producto de su relación de pareja. “Yo no tenía DNI, no quería que tuvieran contacto con mi pasado pero sí quería derechos para mis hijos”, indicó.
La psicóloga Ariana Sandez fue quien se encargó de esa primera entrevista con la joven: “Fui el primer contacto que hizo el Estado tras diez años, no sabía con qué situación me iba a encontrar del otro lado y me encontré con una mujer predispuesta a colaborar, muy firme en sus prioridades y necesidades”. Recordó la profesional que en ese primer llamado advirtió de que estaba en condiciones de prestar una declaración. Por videoconferencia se recibió su testimonio, en el que además participó la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), del MPF.
“Tras coordinar con Dovic y con el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a personas víctimas por el delito, fue posible realizar una sala Gesell donde se recabó el testimonio de la víctima, en plena pandemia, desde otra jurisdicción”, explicó el fiscal Fernando Alcaraz, a cargo de la Fiscalía Federal N° 2 de Mendoza.
Identidad
La presentación de Alcaraz se hizo en el marco del artículo 69 del Código Civil y Comercial de la Nación. En ella se planteó la importancia de entender el nombre de una persona como derecho humano y como uno de los pilares fundamentales de la identidad y la conformación de la personalidad. En el dictamen fiscal se destacó la “necesidad imperiosa de adquirir una identidad no relacionada con su entorno familiar, primero para no ser encontrada, y luego para romper todo lazo que la unía a ellos y que le recordase el dolor y el horror vivido”.
“La fiscalía acompañó el pedido de cambio registral de identidad que realizó la joven, por intermedio de la Dovic. Conservar su nombre de origen importaba, en definitiva, una reedición de los hechos que padeció en su niñez y adolescencia, puesto que ella logró reconfigurar su vida en relación con el nuevo nombre. Desatender la solicitud importaría su revictimización en los términos que fija la ley Nº 27372”, explicó Alcaraz respecto de la Ley de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos, promulgada en 2017.
El juzgado federal coincidió con la postura expresada por el MPF a comienzos de marzo. “Considero que la filiación y el apellido de una persona pueden no coincidir, ya que la filiación es una relación jurídica entre padres e hijos y el nombre -dentro del cual se encuentra el pronombre y el apellido- es un atributo de la personalidad y hace a la identidad personal de la víctima”, marcó el juez federal Walter Bento.
