ESCUCHAREs un viejo reclamo de los Poderes Judiciales y forma parte de la reforma que impulsa Germán Garavano. Ampliar los horarios de Tribunales y eliminar la feria judicial, son otros de los desafíos.
Más presupuesto para el Poder Judicial acompañado por independencia a la hora de manejar los recursos es un viejo anhelo y reclamo de la Justicia argentina y hoy forma parte de la agenda de reforma judicial 2020 que la semana pasada hizo pública el ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano.
El extenso trabajo -cuyas propuestas fueron formuladas por el Foro de Estudios sobre la Administración de la Justicia (Fores)- fue tomado como propio por la cartera de Garavano, quien adelantó que en marzo comenzará a ingresar algunos proyectos de ley para que sean debatidos en el Congreso Nacional.
El estudio de Fores, al que accedió Comercio y Justicia, propone modificar la ley actual con el objetivo de asegurar de modo transparente la asignación automática del presupuesto judicial.
“En forma permanente, el Consejo de la Magistratura y la Corte Suprema de Justicia de la Nación se ven obligados a recurrir a la Jefatura de Gabinete de Ministros a fin de solicitar la ampliación de las partidas presupuestarias. Recientemente, se pagaron -por primera vez con retraso- los sueldos a empleados, funcionarios y magistrados del Poder Judicial de la Nación”, indica el estudio.
Además de la autarquía presupuestaria, se plantea entre los desafíos de esta Agenda 2020 la creación un fondo compensador de recursos que asegure el acceso igualitario a la justicia de todos los ciudadanos a lo largo y a lo ancho del país. Tal como lo había anticipado este medio, la propuesta fue elevada al Ministerio de Justicia por la Federación Argentina de la Magistratura, que preside el camarista cordobés Victor Vélez.
“La Justicia argentina tiene dos problemas centrales en materia presupuestaria: por un lado, presenta profundas desigualdades a lo largo y ancho del país entre la justicia federal y las justicias locales, así como grandes diferencias entre las distintas jurisdicciones provinciales”, precisa el informe.
Ampliar el acceso a la justicia
La redefinición de horarios ampliando la atención al público es otro de los aspectos de la reforma judicial que, sin dudas, podrá traer resistencias dentro de los Poderes Judiciales.
El proyecto propone que los horarios de trabajo y de atención al público de los organismos judiciales se asimilen a los horarios de la Administración Pública, con un mínimo de siete horas.
En los casos de los tribunales que tratan materias de familia y penales, proponen la atención en doble turno, manteniendo la atención al público entre las 8 y las 20, sin perjuicio que otras oficinas específicas puedan funcionar las 24 horas.
Párrafo aparte merecen las ferias judiciales a las que Fores califica en su trabajo como “anacrónicas”.
“Debe encontrarse un mecanismo superador de las anacrónicas ferias judiciales, que prácticamente no existen en la región. No tiene sentido suspender la actividad judicial durante treinta días en enero y quince días en julio”, precisa el estudio.
Y propone: “Una posibilidad es unificar un período de cierre de los tribunales con las fiestas de fin de año por quince días en total (…) Los días de vacaciones en exceso de este período serán gozados por el personal entre noviembre y abril, con una distribución que no resienta el servicio de justicia”.
Un Consejo de la Magistratura presidido por un ministro de la Corte Suprema
La Agenda 2020 recoge un proyecto elaborado oportunamente por el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires que pretende devolver el equilibrio al Consejo de la Magistratura. Se propone avanzar con una nueva ley que incluya una mayor participación de abogados y jueces, y que la representación del Poder Legislativo esté conformada por expertos designados por las cámaras en lugar de por legisladores en funciones, de modo de asegurar un funcionamiento continuo del organismo, al igual que una mayor despartidización de éste. Una posibilidad es que el Consejo de la Magistratura sea presidido por un miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
También se propone la reforma de la Comisión de Disciplina del Consejo y sus reglamentos, para lograr que los casos sean rápidamente resueltos, sea para su archivo o desestimación, o para su remisión al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Se propone que el Consejo se encuentre obligado a resolver la posibilidad de acusar o no a un magistrado ante el Jurado de Enjuiciamiento en un plazo máximo de sesenta días, similar al establecido en el artículo 123 de la Constitución de la CABA.
Más propuestas
Finalmente, y a modo de resumen, cabe destacar que la Agenda presentada por Garavano incluye una reforma de la ley que regula el Ministerio Público Fiscal y pone un plazo al cargo de procurador, que actualmente ocupa Alejandra Gils Carbó. También prevé la creación de nuevos juzgados, la posibilidad de que la mayoría de los juicios orales los haga un solo magistrado y no un tribunal, y la formación de un equipo de diez jueces especializados en el crimen organizado que investigarán delitos en todo el país; sobre todo, narcotráfico.
Además la generalización del juicio inmediato para casos de flagrancia, la adopción de protocolos de atención a grupos vulnerables, un nuevo diseño de las oficinas judiciales y la oralización efectiva de los procesos. Aborda también la reforma del Código Procesal Penal de la Nación.
