Aunque padece problemas cognitivos puede entablar un amparo

El fiscal general Adjunto, Pablo Bustos Fierro, dictaminó que la mujer que solicitó a la obra social la cobertura de un acompañante domiciliario tiene legitimación para demandar. En tal sentido, rechazó el planteo de Apross que pretendía restringir esa capacidad. La Fiscalía repasó los conceptos de la Ley de Salud Mental

La Fiscalía General de Córdoba rechazó un planteo de la obra social Apross que cuestionó la legitimación para demandar de una amparista. Concretamente, la demandada planteaba que como la afiliada padece una discapacidad cognitiva, no se la podía considerar con capacidad para demandar.

Al respecto, el fiscal General Adjunto, Pablo Bustos Fierro dictaminó que conforme los nuevos paradigmas y normas vigentes en materia de salud mental, hasta tanto no exista una sentencia judicial que limite la capacidad de ejercicio, ésta debe presumirse plena y, por lo tanto, tiene legitimación activa para demandar.

La mujer reclamó a la obra social la cobertura de un acompañante terapéutico domiciliario a razón de 10 horas diarias, de lunes a lunes. La demandada comenzó desde 2004 con episodios traumáticos provocados por el fallecimiento de su esposo; que se agravaron en 2013 ante el fallecimiento de uno de sus hijos, sumando a la condición anterior una grave depresión emocional, con empeoramiento de lo cognitivo.

La Junta Interdisciplinaria del Hospital Iturraspe de la ciudad de San Francisco, le otorgó un certificado de Discapacidad con un diagnóstico de “Otros trastornos mentales debidos a disfunción cerebral y a enfermedad física – Trastorno depresivo recurrente –Artritis”.

La condición mental de la mujer fue objeto de cuestionamiento de Apross que planteó que si la amparista necesitaba de un curador/a (o apoyo) que la asista, “no puede entenderse que ella por sí sola puede valerse y firmar una demanda cuando, por otro lado, se sostiene que su salud está gravemente deteriorada en la parte cognitiva”.

La restricción a la capacidad es excepcional

El agravio de Apross fue respondido por el fiscal Adjunto Pablo Bustos Fierro, quien recordó que el artículo 31 del Código Civil y Comercial de la Nación establece como reglas generales que las limitaciones a la capacidad de las personas son de carácter excepcional y se imponen siempre en beneficio de la persona .

En tal sentido, advirtió que la capacidad general de ejercicio de la persona humana se presume aun cuando se encuentre internada en un establecimiento asistencial y remarcó que las personas tienen derecho a participar en el proceso judicial con asistencia letrada , que debe ser proporcionada por el Estado si carece de medios.

El dictamen al que accedió Comercio y Justicia , detalló que el sistema consagra como regla que la persona es capa z y a los fines de restringir la capacidad en los términos del artículo 32 del Código, se debe detallar para qué actos la persona necesita actuar con la asistencia de un sistema de apoyos -salvo que se trate del supuesto excepcional de aquella persona que se encuentre absolutamente imposibilitada de interaccionar con su entorno y expresar su voluntad por cualquier modo, medio o formato adecuado y el sistema de apoyos resulte ineficaz, en cuyo caso el juez puede declarar la incapacidad y designar un curador.

Siguiendo este razonamiento, el fiscal planteó que en el caso bajo análisis no habiendo sentencia declarativa de restricción de la capacidad, no puede considerarse que ésta se encuentre restringida.

En otras palabras, “no estando limitada la capacidad de la amparista mediante una sentencia judicial que así lo establezca en el marco de un proceso de restricción de su capacidad, su incapacidad para iniciar la presente acción de amparo no puede ser presumida, máxime si se tiene en cuenta que aún si su capacidad de ejercicio se encontrare judicialmente restringida, igualmente sería parte legitimada en el presente proceso, en atención al derecho a la participación personal que tiene el interesado en el proceso”.

Nuevo paradigma

Bustos Fierro describió en su dictamen e l cambio de paradigma que rige en Argentina en materia de Salud Mental que se conoce como el “Modelo Social de Derechos Humanos” y que fue recogido por el Código Civil y Comercial de la Nación (CCN) y la Ley Especial de Salud Mental N° 26657.

La actual normativa de salud mental provocó el “ cambio del modelo tutelar de incapacitación que contenía el Código Civil de Vélez, que procuraba la protección y contención de las personas con discapacidades mentales o cognitivas, partiendo del prejuicio de su peligrosidad, hacia el modelo social que tiene como eje fundamental el respeto de la dignidad de las personas con discapacidad por razones mentales o cognitivas, proponiendo la desinstitucionalización, dignidad de riesgo, respeto al derecho a participar y a la mayor autonomía residual posible”, especificó el dictamen fiscal.

“Así, la persona con discapacidad debe ser tratada con igual dignidad y valor que a las demás, y el Estado tiene la obligación de conferirles la titularidad de todos sus derechos y la capacidad plena de ejercerlos por sí misma.

Se parte de la base de que, según el Modelo Social de Derechos Humanos, todas las personas gozan de capacidad jurídica en igualdad de condiciones, por lo que el derecho debe brindar a la persona los APOYOS que necesite para ejercerla”, concluyó el fiscal Adjunto.