En el marco de la causa por el intento de asesinato de la ex jefa de Estado, la jueza María Eugenia Capuchetti rechazó el pedido de Cristina Fernández de Kirchner para que sea apartada.
La magistrada rechazó los que definió como “descalificaciones de la querella hacia su investidura”, y en términos personales, y sostuvo que son “propias de otros ámbitos y lejanas al ejercicio profesional del derecho”.
También aseguró que ninguno de los argumentos de los patrocinantes de la ex jefa de Estado evidencian la necesidad de su recusación ni temor de parcialidad sino sólo “disconformidad” con el resultado de medidas de prueba o decisiones jurisdiccionales.
“Mi imparcialidad se mantiene indemne y jamás se ha visto siquiera potencialmente afectada, ni en los hechos ni en el ánimo de la suscripta, por el manto de sospecha que la querella ha intentado deslizar en torno a mi rectitud en la función de jueza que ejerzo y seguiré cumpliendo”, enfatizó.
“Se impone recordar el compromiso que viene sosteniendo el juzgado en la investigación de estos hechos, cuya gravedad institucional y envergadura resulta palmaria y jamás escapó al entendimiento de quien suscribe, dada su trascendencia e implicancia para la República Argentina como Estado de derecho”, añadió.
Tras propalarlo en sus redes sociales la semana pasada, el lunes, Fernández de Kirchner presentó un escrito reclamando que Capuchetti deje de intervenir en la pesquisa.
Planteó que el pedido no se debe a una situación concreta sino a “un cúmulo de irregularidades” que generaron que la vicepresidente “pierda la confianza en la magistrada”.
Ayer, decidió ampliar la recusación para agregar un hecho ligado a los teléfonos de un dirigente de La Nueva Derecha, Hernán Carrol, quien tuvo contacto con Brenda Uliarte y declaró como testigo.
La jueza arguyó que la presentación era extemporánea y que no se dan ninguna de la causales previstas para una recusación.
Ante el duro planteo de la querella, que la acusó de mentir y de no impulsar la investigación más allá de los tres detenidos, la jueza repasó a lo largo de 43 páginas el curso de la causa, detallando lo que se hizo cada vez que los abogados de Fernández de Kirchner sugirieron pistas para investigar, muchas de las cuales, según consignó, no se sostuvieron.
Además, subrayó que el curso de varias de las medidas de prueba llegaron a la prensa cuando todavía se estaban esperando resultados.
“Fueron exploradas todas las hipótesis investigativas traídas a esta sede, incluso aquellas sostenidas por la parte querellante que luego fueran desestimadas en mérito al resultado de las diligencias proyectadas y dirigidas a determinar su eventual corroboración”, destacó.
Además, defendió la labor investigativa llevada a cabo hasta la fecha respetando los derechos y garantías de los encausados.
Sobre su negativa a secuestrar los teléfonos de dos colaboradoras del diputado del PRO Gerardo Milman, quienes estaban declarando como testigos, la magistrada reseñó que toda la actividad procesal se realizó con amplia participación de las partes y apuntó que ello “no puede ser desconocido por la querella”.
“De la lectura de las circunstancias narradas por el acusador privado, no se logran vislumbrar las razones por las cuales se funda su temor de pérdida de objetividad, en la medida que sus expresiones vinculadas a la causal de mi apartamiento, se relacionan con la disconformidad del resultado de un sinnúmero de medidas de prueba ordenadas en autos”, enfatizó Capuchetti.
“Las afirmaciones realizadas por la querella no logran traspasar el plano de conjeturas, al no poseer datos ciertos que permitan precisar fundadamente su cuestionamiento”, concluyó.