El Centro de Investigaciones para el Desarrollo del Seguro (CIDeS) anunció que dará a conocer tres proyectos de ley que buscan que merme la litigiosidad.
La primera iniciativa plantea una reforma del sistema de remuneración de los médicos. Propone que la remuneración de los galenos sea en función de la tarea realizada y que se establezcan mejores plazos de pago.
La segunda contempla mejoras en el beneficio de litigar sin gastos, con el fin de que funcione adecuadamente y no haya desequilibrios en el sistema judicial.
En tanto, la tercera prevé una modificación de la Ley 20.091, a fin de restringir los embargos preventivos, que se consideran inadecuados para la actividad aseguradora.
“Los proyectos buscan crear un entorno más favorable para el sector asegurador, promoviendo la seguridad jurídica y la estabilidad económica”, comunicó el CIDeS, y sumó que confía en que contribuirán a generar un entorno más propicio para el desarrollo del sector asegurador y de la economía argentina en su conjunto.
Según un relevamiento reciente de la Sociedad de Estudios Laborales (SEL), a solicitud de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), siete de cada 10 empresarios opinan que la litigiosidad laboral frena inversiones y una proporción mayor estima que es un freno a la creación de puestos de trabajo.
El informe señaló que para el 70% de las firmas los juicios laborales son una traba para los procesos de inversión y que el 74% sostiene que impide la generación de empleo.
La muestra por compañía, rama, región y cápitas incluye a 5.048 empresas y fue realizada entre 7 de octubre y 21 de noviembre.
“La información obtenida viene a confirmar objetivamente con números la amplia opinión de empleadores de diversos tamaños respecto del peso de los juicios laborales en la decisión empresarial. La conclusión obtenida reafirma que la cuestión es hoy un obstáculo crítico que entorpece el desenvolvimiento del enorme potencial productivo del país”, indicó la UART.
“La investigación confirma que la incidencia de la litigiosidad laboral en inversión y crecimiento y en creación de nuevos puestos de trabajo tiene un mayor peso específico en empresas de hasta 50 trabajadores, principales generadoras de empleo, y en el interior del país”, sumó.
La UART volvió a alertar que en 2024 se estima el ingreso de 128 mil nuevas demandas solo por riesgos de trabajo (9% más que en 2023), a las que se suman las vinculadas a las causas laborales como despidos.
Añadió que la población económicamente activa argentina es de 23 millones de personas, de las cuales únicamente 10,2 millones tienen un empleo formal en relación de dependencia. Recordó que hay 3 millones de trabajadores independientes registrados y 10 millones más en la informalidad, sin cobertura de riesgos, obra social ni aportes, lo cual también genera “un enorme impacto” presente y futuro.
“La amenaza judicial torna casi imposible su ingreso a la formalidad”, aseguró la UART.