ESCUCHARLa Cámara 9 ª condenó a cuatro letrados y tres médicos por los fraudes laborales. Los profesionales podrían ser sancionados con la suspensión e incluso cancelación de la matrícula. La Justicia no inhabilitó sus títulos y, pese a la pena recibida, no volverán a prisión. Mientras tanto, se espera que el juez Penal Económico, Gustavo Hidalgo, resuelva la requisitoria de elevación a juicio de la causa “Cafure y Allub”
Por Silvina Bazterrechea – [email protected]
El Tribunal de Disciplina de Abogados de la provincia de Córdoba envió un oficio a la Cámara 9ª del Crimen, solicitando copia de la sentencia en la que resultaron condenados cuatro abogados y tres médicos, por fraudes cometidos contra la ART Provincia.
Según pudo conocer Comercio y Justicia, será la Sala 5 ª -que preside María Eugenia Perez Hortal- la encargada de definir cuál será la suerte de estos letrados, que pese a la condena recibida en el marco de un juicio abreviado y tras admitir los hechos que se le endilgaron, sus títulos profesionales no quedaron inhabilitados.
Según explicó a este medio, el presidente del Tribunal de Disciplina de Abogados de la provincia de Córdoba, Víctor Samuele, entre los apercibimientos que puede caberle a los abogados, existe la posibilidad de suspenderles la matrícula – sanción que por normativa no puede ser superior a los seis meses- e, incluso, proceder a su cancelación, aunque en este caso, aclaró que se trata de una medida que nunca puede superar a los tres años.
Samuele aseguró que hay antecedentes de cancelaciones de matrícula por parte del Tribunal de Disciplina y, en ese sentido, no descartó que este caso pueda derivar en un hecho similar. No obstante, aclaró que cada sala del Tribunal es autárquica y, por lo tanto, la decisión está hoy en manos de la sala que preside Pérez Hortal e integran Guillermo Horacio Capdevila y Gastón Pereyra Zabala.
Cabe aclarar que pese a la condena impuesta por la Cámara 9ª del Crimen, todos los acusados accedieron a la libertad condicional, al computarse los lapsos que estuvieron detenidos con prisión preventiva.
Así las cosas y tras admitir los hechos, Ariel Merlini y Fabián Manrique recibieron una pena cuatro años y un mes de prisión. En tanto que, Claudio Viale y Francisco Rueda, fueron condenados a tres años y cuatro meses de cárcel. Penas similares recibieron los médico José Barbero y Mario Pacheco a quienes se los condenó a tres años y 10 meses de prisión y, la pena menor, fue para Gonzalo Vieyra Ledesma, con nueve años de cárcel.
Un largo recorrido judicial
Corría el año 2009 cuando estallaba en Córdoba el escándalo de los fraudes cometidos en contra de aseguradoras de riesgos del trabajo en el marco de demandas laborales. El primero en presentar una denuncia y alertar sobre lo que estaba ocurriendo en la Provincia fue el titular de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo de la Nación, Juan González Gaviola.
A partir de allí comenzó a gestarse una megacausa judicial- de envergadura similar a lo que se conoció como la megacausa del Registro de la Propiedad- que quedó también en manos del fiscal de delitos complejos, del Distrito 1, Turno 1°, Enrique Gavier.
Tras el análisis de 5.500 expedientes comenzó a desentrañarse una serie de maniobras fraudulentas contra el sistema que tenían como protagonistas principalmente a médicos y abogados de estudios reconocidos de la ciudad de Córdoba. La megacausa se dividió, en una primera etapa, en tres líneas investigativas.
La primera de ellas, que tenía por damnificada a la ART Provincia (de Buenos Aires) con empleados de la Municipalidad de Córdoba, concluyó la semana pasada en el marco de un juicio abreviado y, es la que ahora, será evaluada por el Tribunal de Disciplina.
Diez años demoró el Poder Judicial de Córdoba en llegar a juicio oral. Los acusados hicieron uso de todas las herramientas procesales a su alcance para dilatar el proceso. La denuncia contra el propio fiscal de la causa – que tuvo como querellante al propio Colegio de Abogados – y el posterior pedido de apartamiento al instructor fueron parte del derrotero judicial.
Esta primera causa acumuló una importante cantidad de material probatorio. El fiscal Gavier analizó 1.500 expedientes judiciales laborales cuyo empleador era la Municipalidad de Córdoba. Se dispusieron allanamientos en la totalidad de los estudios jurídicos y médicos involucrados con el correspondiente secuestro de elementos de prueba que terminaron por desenmascarar un negocio fraudulento nunca antes visto. En ese marco, se los acusó por delitos como asociación ilícita, estafa procesal y falsedad ideológica.
Durmiendo el sueño de justos
La suerte del resto de las líneas de investigación de la megacausa de las ART no ha sido menos compleja y difícil que la anterior.
La causa conocida como “Cafure y Allub” fue elevada a juicio oral y público el 20 de noviembre de 2016. Estuvo en manos del juez de Control, Esteban Díaz, hasta el 31 de mayo de 2017 y, una vez que éste renunció, quedó a cargo del juez de Control Penal Económico Gustavo Hidalgo, quien pasado dos años y cuatro meses, sigue sin dictar ninguna resolución.
La demora en el Juzgado de Control de Hidalgo es llamativa y preocupante. Sólo a modo de ejemplo, basta mencionar el tiempo que se tomaron el resto de los jueces de Control que tuvieron que resolver sobre la procedencia de una requisitoria de elevación a juicio en las otras líneas de investigación de la megacausa de las ART.
Del Sistema de Administración de Causas del Poder Judicial surge, por ejemplo, que la tercera línea de investigación, conocida como “Chiarini”, fue elevada a juicio por el Ministerio Público el 8 de junio de 2017; en setiembre de 2018, se terminaron por resolver una serie de planteos de nulidad. Ocho meses después, el juzgado de Control Nº7, a cargo de Milton Peralta, resolvió confirmar la requisitoria y la causa será juzgada en la Cámara 10º de Crimen. A todas luces surge que el plazo fue sensiblemente inferior, aún pese a que dicho juzgado, sufrió el cambio de magistrado.
Situación similar se vislumbra en la causa Provincia. En este caso, el Juzgado de Control, en este tiempo a cargo de Esteban Díaz, se tomó cuatro meses para resolver la elevación a juicio. Sin dudas, muy lejos de los tiempos de Hidalgo con la causa “Cafure Allub”, cuyos acusados tienen- o fuertes vínculos con el Poder Judicial de Córdoba- o pertenecen a familias reconocidas de la sociedad cordobesa. .
Están imputados en esa causa, Carlos Enrique Ardanaz, Luciano Adolfo Cafure, Sebastián Lanza Castelli, el gestor Diego Luis Guillermo Flores Ahumada, Sergio Locícero, Emiliano José Pérez Elorrieta, María Torres Mariano y Osar Alberto Visconti.
Más líneas de investigación
Desde la Fiscalía de Gavier confirmaron a este medio que están trabajando en otras líneas investigativas – otras 20 – que involucrarían más de 4.000 expedientes laborales, en los que danzan bajo sospecha alrededor de 100 personas entre abogados y profesionales de la salud y otros actores.
En estos casos, las maniobras se perfeccionaron. Entre los años 2008 y 2009, las demandas eran simples presentaciones seguidas de acuerdos de partes, sin más prueba que la documental compuesta por dos certificados médicos que se repetían, por enfermedades recurrentes y sobre cuya base se acordaban indemnizaciones por supuestas incapacidades de alrededor del 10 %.
Más tarde, y a la luz de las primeras investigaciones comenzaron a pergeniarse maniobras más sofisticadas.Ya no sólo se presentaban certificados médicos falsos, sino que además se sumaron peritos que avalaron enfermedades inexistentes.
En números
– El impacto mediático y judicial, hizo reducir el ingreso de demandas judiciales en nuestra provincia en el año 2011 en un 30% con una caída mayor si se toma la proyección de tendencia creciente de ese entonces, que era de 15.000 casos anuales.
– La Fiscalía a cargo de la megacausa, puso en evidencia que 80% de las enfermedades profesionales demandadas no existían, otro 15% eran propias de la edad de las personas y solo el 5% eran por lo menos discutibles. La metodología era sistemática y sistémica.
– Se comprobó que los peritos médicos validaban más del 75% de las enfermedades que demandaba el certificado falso de inicio.
