ESCUCHARAl cumplirse una década del dictado del fallo de la Corte “Arriola”, legisladores expusieron en el Senado sobre la despenalización de tenencia de drogas para consumo personal.
El senador Alfredo Luenzo (Chubut Somos Todos) organizó la jornada de debate. En uno de los paneles participaron Luenzo, los diputados Santiago Igon (FpV-PJ) y Araceli Ferreyra (Movimiento Evita) y el legislador porteño Leandro Halperín.
Igon aseguró que el tema debe federalizarse. “Estamos proponiendo una nueva ley de drogas, en función de un cambio de paradigma”, expresó.
Por su parte, Luenzo estimó: “Las políticas sanitarias deben ir por un lado y una ley que tenga que ver con lo estrictamente con lo penal por otro”.
Dijo también que los legisladores tendrían que estar “avergonzados” por no poder avanzar a instancias que la sociedad está demandando, y pidió generar una “masa crítica” que logre “cambiar las cosas”.
En tanto, Ferreyra valoró: “Mientras siga primando la visión de lo penal no vamos a encontrar ninguna solución, ni para bajar el consumo ni para enfrentar al narco”.
La correntina señaló que el fallo Arriola “fue un canto a las libertades” pero que a diez años del la sentencia no hay motivos para celebrar. En ese sentido, opinó que el proyecto del nuevo Código Penal que es un retroceso porque habla de “no punibilidad” y no de “despenalización”. Finalmente, solicitó que la cuestión no se debata en las comisiones de Legislación Penal (Diputados) o de Justicia y Asuntos Penales (Senado), sino en comisiones de Derechos Humanos y Salud.
Los reclamos por la necesidad de cumplimiento de las indicaciones que la Máxima Instancia plasmó en “Arriola” no son nuevas.
Hace casi cinco años, al inaugurar la VI Conferencia de Jueces Federales, en Mar del Plata, el por entonces presidente del Máximo Tribunal, Ricardo Lorenzetti, recordó que en 2009 se fijaron “pautas claras” para entender el fenómeno del consumo y del tráfico de drogas.
Cabe recordar que si bien el decisorio reforzó la protección de la libertad de las personas, también se exhortó a los poderes del Estado a combatir el narcotráfico. “Todavía estamos esperando políticas claras, coordinadas y concretas para que esto suceda”, expresó el juez. “Los mensajes a la población deben ser claros”, enfatizó. A pesar de “Arriola”, el número de causas por tenencia simple de drogas sube.
En 2017, trascendió que se archivan todos los casos que ingresan a la Fiscalía Federal Número 6 de Comodoro Py por infracciones menores a la ley de estupefacientes.
El fiscal federal Federico Delgado difundió datos sobre los expedientes abiertos en su despacho y detalló que 80 por ciento del trabajo de su oficina consiste en decidir la situación procesal de personas detenidas con ínfimas cantidades de estupefacientes. Hace unos años, Delgado comenzó a relevar el flujo de causas que entra a su fiscalía según cada turno policial y los resultados de sus estudios son una de las pocas fuentes de información en el ámbito nacional para indicar la relación entre las fuerzas de seguridad y la Justicia.
De esos documentos surge que las instrucciones por tenencia de drogas para consumo personal no dejan de incrementarse, a pesar del fallo de 2009 en el cual la Corte trazó pautas claras de política criminal en la materia y declaró que el castigo a meros usuarios es inconstitucional.
Un ejemplo de la situación es el resultado que dio la medición del turno de abril de 2016, cuando en el despacho de Delgado ingresaron 453 expedientes y 250 -es decir, más de la mitad- fueron por consumo personal de cannabis, con secuestros que no superaron 10 gramos por persona.
Delgado objetó el tiempo y los recursos que se pierden a diario por las detenciones indiscriminadas. “Desde el precedente ‘Arriola’, este tipo de procesos culmina en el archivo. Por lo tanto, la inversión económica y la energía humana que se consume en todo el proceso que va desde la detención del infractor, la confección del sumario en papel, el ingreso al sistema judicial y el archivo del expediente, constituyen parámetros que deberían revisarse a la hora de evaluar por qué luego faltan presupuesto para investigaciones cualitativamente más importantes”, plasmó en documento que difundió.
En Córdoba la situación es similar. En 2016, un informe local detalló que casi la mitad de los expedientes involucra a usuarios. En Centro de Estudios y Proyectos Judiciales del Tribunal Superior difundió un informe denominado “Fuero Narcotráfico: datos estadísticos de 2015”, elaborado con base en las constancias del Sistema de Administración de Causas y al Sistema de Sumarios del Poder Judicial.
Según ese trabajo, hace cuatro años ingresaron a las fiscalías de Instrucción y a las secretarías de Lucha contra el Narcotráfico de la Provincia 3.005 expedientes por infracciones a la Ley de Estupefacientes. Además, detalló que casi la mitad se vincula con la tenencia simple (45 por ciento); que la tenencia con fines de comercialización simple el 20 por ciento de los casos y la comercialización, 13 por ciento.
Antes, un informe elaborado por el Área de Investigaciones del Centro de Perfeccionamiento Ricardo Núñez precisó que 52,4 por ciento de las personas imputadas por narcomenudeo en la ciudad de Córdoba consume estupefacientes.
El nuevo Código Penal propone la despenalización de la tenencia de marihuana para consumo personal, siempre que sea para usarla en un ámbito de privacidad.
De esa forma, acata las previsiones del artículo 19 de la Constitución Nacional.
