Después de investigar durante cuatro meses la responsabilidad de ocho altos oficiales de la Armada en el hundimiento del submarino ARA San Juan, el Consejo General de Guerra sancionó con 45 días de arresto riguroso al ex jefe de la fuerza, Marcelo Srur, por informar deficientemente al Ministerio de Defensa sobre los sucesos.
El consejo enfatizó que ello impidió que se le proporcionaran datos a los familiares de los tripulantes y resaltó como agravante del accionar de Srur que no compareciera ante la opinión pública, demostrando “falta de compromiso y diligencia”.
En tanto, el contraalmirante Luis López Mazzeo también fue sancionado arresto (60 días) en virtud del procesamiento que rige en su contra en la causa penal. Entre otras faltas, se le enrostró haberle comunicado tardíamente la avería inicial del submarino al jefe de Estado Mayor General de la Armada y no acatar la orden que le impartió, consistente en no ausentarse de su comando.
El capitán de navío Claudio Villamide fue destituido por mostrar “falta de cuidado o descuido de la tropa y equipamiento a su cargo”. El consejo lo responsabilizó por no adoptar medidas en el ámbito de su comando para convocar en forma urgente a su Estado Mayor y a otros especialistas a efectos de analizar exhaustivamente la situación de la nave y profundizar en la búsqueda de la mejor solución, a fin de brindarle un apoyo eficaz a la unidad.
Por su parte, el capitán de navío Héctor Alonso fue sancionado con 30 días de arresto riguroso por “no haber constituido en la sede del Comando de la Fuerza de Submarinos ni haber convocado de inmediato a los integrantes del Estado Mayor, a los fines de analizar la situación y prestar asesoramiento al comandante, del cual constituía su relevo natural”.
Paralelamente, el capitán de fragata Hugo Correa fue sancionado con 30 días de arresto riguroso en virtud del procesamiento dictado en la causa penal.
Finalmente, el capitán de Corbeta Jorge Sulia y el contraalmirante Eduardo Malchiodi fueron absueltos y el capitán de navío Carlos Ferraro fue beneficiado con la extinción de la acción disciplinaria.