Apross deberá afrontar costas de un amparo por obligar a litigar a una persona con discapacidad

En plenario, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Córdoba confirmó la resolución que le impuso las costas de un amparo a la demandada Administración Provincial del Seguro de la Salud (Apross) en razón de que el accionante se vio obligado a iniciar juicio, al no obtener respuesta favorable a su reclamo en la etapa administrativa, sumado ello a su estado de discapacidad, que lo convierte en un sujeto vulnerable, de especial tutela jurisdiccional, y a que el acuerdo al que arribaron las partes no exime la obra social provincial de las costas.

A su turno, el Alto Cuerpo -integrado por María Marta Cáceres de Bollati, Domingo Juan Sesin, Aída Lucía Teresa Tarditti, Luis Enrique Rubio, Mercedes Blanc de Arabel, Sebastián Cruz López Peña y Luis Eugenio Angulo- indicó que la Apross impugnó el punto II de la parte resolutiva de la sentencia, por la que la cámara decidió imponerle las costas.

Al respecto, el fallo consideró que la cámara expresó que, “ tal como quedó patente en este trámite, en sede administrativa la demandada ya contaba con documentación médica que respaldaba la pretensión de la amparista, y aun así ésta se vio obligada a iniciar la presente acción. Por esa razón, corresponde que las costas sean impuestas a la parte demandada, difiriéndose la regulación de honorarios hasta tanto exista base económica suficiente ”.

De ello se relacionó que a la demandada “ le causa agravio, en cuanto el argumento esgrimido por el tribunal resultaría insuficiente para fundamentar la imposición de costas, por haber tenido en cuenta sólo la existencia de documental en sede administrativa, sin mencionar que la prestadora de salud aguardaba la entrega de nuevos estudios por parte del actor ”.

Al analizar las constancias de la causa, el TSJ indicó que el amparista “ acompañó en sede administrativa lo necesario para acreditar la procedencia de las prestaciones exigidas y que dicha documentación no fue desconocida ni rechazada, en ningún momento, por la Apross ”.

Asimismo, el pleno resaltó que el actor intentó encauzar su reclamo por la vía administrativa, pero no recibió respuesta alguna.

Dichos

La decisión relató que la obra social provincial “ basó sus dichos en las constancias del expediente administrativo, sin embargo, luego de revisados estos autos, surge que la apelante no ha acompañado esta documentación para acreditarlos ”.

Frente a ello, según el pronunciamiento, “ existió un desgaste innecesario provocado por la Apross al haber omitido dar respuesta al reclamo del actor, además de verse compelido este último, luego de dictada la sentencia atacada, a iniciar la ejecución de la misma, derivando que todo ello justifica -como lo ha entendido la cámara- que le sean impuestas las costas ”.

En esa dirección, el TSJ apuntó que esta conclusión “ adquiere más importancia si consideramos que el compareciente contaba con una discapacidad severa al momento de interponer la acción y tal como lo exige nuestro bloque de constitucionalidad y de convencionalidad federal, resulta prioritario velar porque las personas con discapacidad puedan acceder con facilidad, por ejemplo, a las prestaciones médicas necesarias ”.

En cuanto a la omisión de aplicar el artículo 14 in fine de la Ley Nº 4915 de Amparo, se dijo que prevé, de manera expresa, “ que las costas deben ser impuestas al vencido, admitiéndose como excepción a la aplicación de esa regla que el objeto litigioso se sustraiga antes de la oportunidad de evacuar el informe del artículo ”, sobre lo que el Alto Cuerpo sostuvo que “ el hecho de que se haya arribado a un acuerdo a instancias del tribunal (art. 58 del CPCC), no resulta análogo al presupuesto de hecho que prescribe aquella norma ”.

Orden

Así las cosas, el fallo apuntó que “ en el caso del art. 14 de la ley N° 4915 es necesario que exista una orden del tribunal que imponga, en cabeza del demandado, la carga procesal de evacuar el traslado del art. 8 en el plazo legal; y, a su vez, que esa parte acredite el cese del acto u omisión lesivos antes de ese término ”.

En tal sentido, el Máximo Tribunal sostuvo que “ si se arriba a un acuerdo que sustrajere la materia litigiosa de la instancia de decisión, la imposición de los gastos procesales no podría resolverse mediante la aplicación de costas prevista como regla general por el art. 14 de la ley N° 4915 ” sino que, por el contrario, “ correspondería a los tribunales de mérito ponderar en la especie las particularidades del caso. En este orden, y habiendo concluido que se trata de supuestos de hechos disímiles, corresponde analizar la decisión seguida por la cámara, en atención al rubro costas ”.

En tal sentido, en el fallo se resolvió que “ lo acompañado en vía administrativa por el Sr. G. resultaba suficiente para autorizar las prestaciones peticionadas, y la Apross generó un desgaste innecesario de la vía jurisdiccional, por lo que le corresponde a esta última abonar las costas del proceso ”.