Ante la duda, aplican en accidente principio en favor del trabajador

El peritaje demostró el nexo causal entre el siniestro denunciado y la patología aducida por el demandante, sumado a que la empresa accionada no demostró la preexistencia de la enfermedad lumbar

La Sala 6ª de la Cámara de Trabajo de Córdoba admitió la demanda planteada en contra de Galeno ART SA y la condenó al pago de la indemnización prevista en la Ley de Riesgos del Trabajo (LRT) por la incapacidad determinada en el peritaje médico relativo a la lesión lumbar sufrida por el actor, cuando le dio un “tirón” al levantar una placa de fenólico.

El tribunal resolvió así al no existir exámenes preocupacionales que demostraran que la patología que padece el actor fue preexistente al inicio de la relación laboral con la empresa asegurada y aplicando el principio del artículo 9 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), que establece que, en caso de duda sobre la apreciación de la prueba, debe interpretarse a favor del trabajador,

El juez Tomás Sueldo indicó que el tribunal debía abocarse a resolver la discrepancia del accionante con el dictamen de la comisión médica jurisdiccional, en tanto verificó la existencia de patologías preexistentes manifestada por fenómenos crónicos, degenerativos, que no guardan relación de causalidad con el accidente denunciado, de características inculpables no vinculadas con el evento denunciado.

Prueba

El magistrado analizó que con la prueba rendida en la causa, en especial el peritaje médico oficial y los estudios médicos acompañados, el accionante logró acreditar que el siniestro en cuestión, acontecido el día 20/11/2018 en horas de la tarde, que se produjo en ocasión de encontrarse prestando tareas para su empleadora, la empresa Supercemento SAIC: al levantar un “fenólico”, esto le provocó como secuela incapacitante “dorsolumbalgia crónica posesfuerzo, con espondilosis y discopatías en imágenes de RMN, y limitación funcional activa de dicho segmento de la columna vertebral, sin signos clínicos ni de compromiso neurológico de miembros inferiores”.

En esa dirección, el sentenciante apuntó que el perito médico oficial determinó que el actor presenta una incapacidad laboral permanente, parcial y definitiva de 4,48% (incluidos los factores de ponderación) respecto de la total obrera (TO).

A ello agregó, en cuanto a la calificación médico-legal de la minusvalía, que el experto entendió configurado el nexo causal entre el accidente y la dolencia denunciada, resaltando la ausencia de exámenes preocupacionales, por lo que no se puede afirmar sin estudios previos que la lesión detectada sea previa al accidente sufrido.

Legajo

El vocal añadió que la empresa no exhibió el legajo médico, que incluye información sanitaria e historia clínica de la parte actora desde el momento de la denuncia del infortunio laboral sufrido hasta su alta médica definitiva con finalización de tratamiento, ni el original de alta médica definitiva y finalización de tratamiento de la parte actora, como tampoco estudios médicos realizados a ésta, conforme surja del legajo e historia clínica acompañada, constancia de información de condiciones de seguridad y de recepción de elementos de protección personal ni el examen médico preocupacional correspondiente al actor.

Subsidiariamente, destacó que el artículo 9 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) contiene el principio “in dubio pro operario”, que determina que, en caso de existir duda sobre la apreciación de la prueba en los casos concretos (entre otros supuestos), los jueces o encargados de aplicarla se decidirán en el sentido más favorable al trabajador, entendiendo que así debe resolverse en el sub examine.

De esta forma, consideró que se ratifican las conclusiones del perito oficial en orden a la relación de causalidad entre la minusvalía diagnosticada y el siniestro sufrido por el accionante, cuya calificación médico-legal fue de “accidente de trabajo”.

En consecuencia, y por las razones dadas, en el fallo se hizo lugar a la indemnización de pago único contemplada en el artículo 14, apartado 2, inciso a) de la LRT (según decretos 1278/00 y 1694/09, y ley 26773), por la incapacidad señalada.