ESCUCHARSe realizó una audiencia en la Cámara Federal de Córdoba. Los defensores plantearon el archivo del expediente. Hacía más de un año que la investigación estaba paralizada. El miércoles se retomará la audiencia.
Después de un año y medio de inmovilidad se reinició ayer el proceso en el que cinco ex jueces y ex funcionarios de la Justicia federal de Córdoba están acusados de complicidad con los asesinatos de 30 presos políticos que estaban a su cargo, fusilados -o muertos en tortura- entre abril y octubre de 1976.
Luego de la audiencia de ayer, los jueces Eduardo Daniel Ávalos, Liliana Navarro y Graciela Montesi deberán dirimir -como sostienen los defensores- si prescribió esta causa que se desprende de la “megacausa UP1”, por la cual en diciembre de 2010 fueron condenados por crímenes de lesa humanidad Jorge Rafael Videla y Luciano Benjamín Menéndez junto a un grupo de policías y militares. Desde su inicio, la causa judicial fue varias veces interrumpida por apartamientos y recusaciones, la mayoría basados en la “amistad íntima” de los jueces y funcionarios actuales con sus pares acusados. Sin magistrados cordobeses en condiciones de intervenir, la instrucción derivó en 2010 en el juez federal de La Rioja, Daniel Herrera Piedrabuena.
En abril de 2011, la Cámara Federal de Córdoba -en su anterior composición- rechazó la prescripción de los delitos, al considerar que “guardan íntima vinculación con hechos calificados como crímenes de lesa humanidad”.
En agosto de 2012, por pedido de los fiscales Carlos Gonella y Facundo Trotta, Herrera Piedrabuena indagó, procesó y ordenó detener a Miguel Ángel Puga y Carlos Otero Álvarez en la cárcel de Bouwer, y a Antonio Cornejo, Ricardo Haro y Luis Eduardo Molina en prisión domiciliaria. Meses después recuperaron la libertad y la causa volvió a estancarse, cuando los abogados de Puga, Otero Álvarez y Cornejo apelaron sus procesamientos y la fiscalía apeló la falta de mérito dictada para Haro y Molina.
El pedido de la fiscalía
En representación del Ministerio Público se presentaron ayer a la audiencia los fiscales Gonella y el fiscal especial de la Procuraduría de Delitos de Lesa Humanidad, Jorge Auat.
Ambos solicitaron que se revoque el sobreseimiento dictado en favor de Otero Álvarez relativo a ocho hechos; que se revoquen las faltas de mérito dictadas en favor de Haro y Molina y se confirmen los procesamientos de Antonio Cornejo, Miguel Ángel Puga y Carlos Otero Álvarez.
Ante una pregunta de la presidenta del Tribunal acerca de la oportunidad de ampliar la investigación hacia otros magistrados, funcionarios o empleados del Poder Judicial -dado el tiempo transcurrido desde la resolución de primera instancia-, el fiscal Gonella se refirió al juez Vázquez, ya fallecido, y al juez Vázquez Cuestas de Bell Ville. Además de esos dos magistrados, apuntó también al actual presidente de la Cámara Federal, Luis Rueda, señalando que surgieron testimonios que hablan de la responsabilidad que desempeñó en aquellos años, y que fueron derivados a la fiscalía federal.
Luego de la audiencia, la Cámara decidió pasar a un cuarto intermedio hasta mañana.
