En un encuentro con la comisión de camaristas de Casación dedicada al seguimiento de cuestiones carcelarias, actualmente a cargo del juez Gustavo Hornos, el ministro de Justicia, Julio Alak, anunció que hay un proyecto en marcha para incrementar los cumplimientos de penas bajo la modalidad domiciliaria, en respuesta a las deficiencias en la administración del Servicio Penitenciario Federal (SPF) y en los procedimientos que tienen lugar en la Justicia de Ejecución Penal.
La iniciativa bajo estudio se basa en los diagnósticos y recomendaciones desarrollados por la comisión en los últimos meses, tendientes a reubicar a los reclusos en sus domicilios con el fin de descomprimir la superpoblación carcelaria.
Según los expertos, para que el proyecto sea viable es necesaria la implementación definitiva de las pulseras electrónicas.
Durante el segundo semestre del año pasado, el oficialismo había desarrollado una propuesta de ley orientada a reformar el SPF para convertirlo en una agencia descentralizada bajo control civil. Los borradores del documento preveían la Agencia Federal Penitenciaria y de Reinserción Social, que estaría basada en la “desmilitarización” de todas las áreas que no tengan relación con la custodia de quienes están privados de la libertad.
La problemática carcelaria es compleja en el interior del país, donde ya en diversas jurisdicciones los magistrados amenazan al poder político con emitir fallos que directamente exijan la clausura de los establecimientos por sus condiciones estructurales.