ESCUCHAREl juez federal Alejo Ramos Padilla lo acusó de formar parte de una asociación ilícita paraestatal. Pidió que le retengan el pasaporte y le fijó una caución de 10 millones de pesos
El juez federal de Dolores (Buenos Aires), Alejo Ramos Padilla, amplió este miércoles el procesamiento contra el fiscal federal Carlos Stornelli, quien está acusado de ser miembro de una asociación paraestatal dedicada al espionaje y a la extorsión, y le impuso una caución de 10 millones de pesos.
Además, el magistrado estableció la obligación de entregar su pasaporte, en el marco del expediente en el que está procesado junto a Marcelo D’Alessio.
Por otra parte, Ramos Padilla ya entendió que está finalizada la investigación relativa a Stornelli y a otros imputados y corrió vista a las partes para elevar la causa a juicio oral y público, una vez que los procesamientos queden firmes por resolución de la Cámara Federal de Mar del Plata.
El procesamiento también se extiende a Pablo Pinamonti, alto funcionario de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante la gestión de Cambiemos, quien estaba a cargo del llamado Proyecto AMBA.
“Aquí se encuentra involucrada la actividad de una organización paraestatal con fuertes vínculos con los tres poderes del Estado e incidencia en las instituciones democráticas mediante mecanismos de espionaje ilegal y pseudomafiosos”, escribió Ramos Padilla en su resolución, de 1.125 páginas, que detalla más de 60 operaciones de inteligencia.
Y agregó: “La cantidad y el alcance de los planes delictivos que llevó adelante esta asociación ilícita paraestatal, sus vínculos con la Agencia Federal de Inteligencia, miembros del Poder Judicial y/o del Ministerio Público Fiscal de la Nación y provinciales, con miembros de las fuerzas de seguridad e incluso con los medios de prensa; las características del armamento hallado, la acción de la organización en varias jurisdicciones del país y en el exterior, la posible participación o vinculación con agentes o ex agentes de alto rango de las fuerzas de seguridad, el consecuente apoyo, ayuda o dirección de funcionarios públicos al accionar ilícito de la organización investigada, entre otras circunstancias que se constataron en el desarrollo de los planes ilícitos descriptos, permite concluir que el accionar de esta organización puso en riesgo principios básicos e instituciones de orden constitucional de nuestro sistema democrático”.
