La organización internacional denunció un retroceso en la lucha contra la violencia de género y las políticas de diversidad en Argentina
Amnistía Internacional condenó las recientes declaraciones del Ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, ante la Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados y lo acusaron de promover discursos de odio y discriminación contra mujeres y personas de la comunidad LGBTIQ+.
Cúneo Libarona compareció ayer para explicar las decisiones del gobierno en relación con las políticas de género, especialmente después del cierre del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad y la reciente reestructuración del organismo. En sus declaraciones, manifestó que el gobierno “rechaza la diversidad e identidades sexuales que no se alinean con la biología” y que se enfocará en “castigar la violencia sin género”. Estas afirmaciones ignoran el marco normativo vigente y la problemática estructural de la violencia de género, que afecta desproporcionadamente a mujeres, niñas y diversidades, remarcó el organismo.
Amnistía Internacional enfatizó que es responsabilidad del Estado promover la igualdad real de oportunidades para mujeres y personas LGBTIQ+. Diversas leyes establecen la obligación de los funcionarios públicos en la prevención, sanción y erradicación de la violencia de género, así como el deber de garantizar el libre desarrollo de las personas según su identidad de género.
Mientras el gobierno desmantela políticas de género, la realidad para mujeres, niñas y personas LGBTIQ+ sigue siendo alarmante. En 2023, se registraron 272 femicidios en Argentina, uno cada 32 horas, según la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia. Además, el 53% de las víctimas de violencia doméstica eran mujeres, y el 38% eran niñas, niños o adolescentes. Entre 2016 y 2021, el 90% de las víctimas de violencia sexual fueron mujeres, según datos de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM).
A pesar de estas cifras preocupantes, el gobierno recortó programas esenciales, como el Programa Acompañar, que ofrece apoyo económico a mujeres y personas LGBTIQ+ en situación de riesgo. “La reducción del período de apoyo de seis a tres meses y la imposición de nuevas restricciones para acceder a este beneficio representan un retroceso significativo en la atención y prevención de la violencia de género”, planteó el organismo.