ESCUCHARSegún los promotores de la iniciativa, que involucra a plataformas como Airbnb, permitiría tener más control de la actividad, por la información de los inmuebles que se ofertan y de propietarios y turistas. Prevé que deberán inscribirse en una base de datos para operar
Hoy, el oficialismo en la Cámara Alta ractivará el debate sobre la regulación del contrato de locación temporaria con fines turísticos.
Está previsto que el proyecto presentado en marzo pasado por la santacruceña Ana María Ianni, de Frente de Todos (FdT), se trate en un plenario de las comisiones de Legislación General y Turismo.
De acuerdo a la propuesta de Ianni, estarán alcanzados por la normativa “los propietarios o administradores que cuenten con poder y/o autorización correspondiente para comercializar inmuebles de forma temporaria” y “los huéspedes y toda persona que comercialice, publicite u ofrezca a través de cualquier medio viviendas de alquiler temporario para uso turístico”.
Para que un inmueble sea considerado de alquiler temporario deberá rentarse entre uno y 90 días.
El proyecto dispone la creación, en el ámbito del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación o el área que “en el futuro lo reemplace”, del denominado “Registro Nacional de Viviendas de Alquiler Turístico Temporario”.
El texto establece que las plataformas digitales, como como Airbnb y Booking, que “ofrezcan, intermedien, y/o celebren contratos de locación temporarios con fines turísticos” deberán: habilitar “un campo” en sus sitios para que “el propietario informe el número de inscripción ante el registro de cada unidad; y proceder a la baja, retiro o suspensión de toda publicación que no posea el número de inscripción en el registro”, previa notificación fehaciente al dueño o administrador.
“Desde el Estado debemos brindar las herramientas de gestión y la generación y armonización de las normas de protección de las personas usuarias consumidoras y prestadoras de los servicios turísticos en un marco de transparencia, eficacia, competitividad y sostenibilidad para nuestros destinos”, fundamentó la legisladora.
Informalidad
Según los promotores de la iniciativa, permitiría tener información actualizada y detallada de los inmuebles que se ofertan, así como de los propietarios y los turistas, que quedarán inscriptos en una base de datos para poder operar, lo que permitiría más control y regulación de la actividad.
Además, plantean que combatiría la informalidad en el sector, pago de impuestos incluido, y que posibilitaría que gobiernos locales tengan una mejor comprensión de la actividad turística en sus respectivas áreas.
“Problema global”
En mayo pasado, el candidato a jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) por Unidos por la Ciudad, Leandro Santoro, reflotó la idea, aunque enmarcada en lo que definió como un “programa de políticas públicas” para intervenir sobre el mercado de vivienda de alquiler y, según sostuvo, resolver uno de los “problemas centrales” del distrito.
“Hay que discutir la propiedad y también el uso que se le da”, dijo en una entrevista.
En ese marco, sostuvo: “Queremos que las empresas inviertan y construyan pero con el Estado interviniendo por los intereses populares y públicos”.
Además, afirmó que “hay que regular Airbnb” porque “es el nuevo problema global”.
En las últimas horas, a raíz del agravamiento de la crisis habitacional en la CABA, Santoro insistió con que es necesario regular los alquileres temporarios porque, a su entender, “rompen todo el mercado”.
“Hace falta una batería de políticas como hacen todas las capitales del mundo. La inflación agravó el problema, pero es preexistente. Incluso a la Ley de Alquileres. Tenemos que regular los alquileres temporarios, porque baja la oferta”, indicó.
Citó el caso de Nueva York, que legisló sobre AirBnb.
En diálogo con Mediodía 750, opinó que “el Estado tiene que cumplir un papel” porque cuando el Estado se retira del mercado “aparece el padecimiento”.
“Acá el debate es si queremos una ciudad justa o uno de los negocios en el peor de los sentidos”, agregó.
Nueva York
Nueva York le puso coto al gigante tecnológico Airbnb, que a partir de la próxima semana (el 5 de septiembre) no podrá anunciar alquileres para una estancia menor a un mes.
La ciudad dispuso la medida en un contexto de suba de precios y escasez de vivienda. La Ley Local 18 de Nueva York, conocida como la Ley de Registro de Alquileres de Corto Tiempo, data del 9 de enero de 2022. La implementará porque la Justicia desestimó los planteos de la empresa.
Airbnb podrá seguir alquilado solo si el dueño reside en la propiedad. Además, deberá estar registrado al efecto en un listado municipal.
El nuevo esquema legal establece también que los propietarios no podrán alojar a más de dos huéspedes que paguen por el mismo período.
Permisos
Por lo pronto, los dueños de inmuebles de la Gran Manzana deben peticionar nuevos permisos y la Oficina de Ejecuciones Especiales de Nueva York (OSE) reportó que aprobó solamente 257.
Según el portal Skift, las solicitudes totalizaron 3.250 y se revisaron 808.
Indica que las demoras podrían deberse a la alta demanda, porque más de la mitad del total se presentaron después del 8 de agosto, cuando se desestimó la demanda de Airbnb para que la normativa no se ejecurara.
The Guardian reportó en enero pasado que la empresa cuenta con más de 40 mil propiedades registradas en Nueva York, muchas de las cuales no serían elegibles bajo los nuevos requisitos.
A partir del 5 de septiembre, los dueños de las propiedades que incumplan con las nuevas normas enfrentarán multas de hasta cinco mil dólares, entre otras sanciones.
Airbnb alega que la legislación es una “prohibición de facto”.
España
En España, los propietarios de viviendas turísticas salieron en defensa del modelo de negocios de Airbnb.
“Piensan que con medidas así van a tener más viviendas en alquiler y eso no va a pasar”, declaró Miguel Ángel Sotillos, presidente de la Federación Española de Viviendas y Apartamentos Turísticos ( Fevitur).
Según datos del Observatorio de la Vivienda Turística en España, impulsado por Fevitur, el alquiler vacacional en el país generó un impacto económico de más de 20.000 millones de dólares en 2022, casi cinco veces más que en 2019.
