Admiten recurso de la Caja de Jubilaciones y validan límite a quienes cobren dos haberes

La decisión aceptó que la jubilación de la amparista no se vea afectada en su núcleo duro, pero -por solidaridad con el sistema previsional- debe limitarse para proteger a las personas más vulnerables de éste

Ante el recurso de casación presentado por la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba , la Sala Contencioso-administrativa del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ratificó que las jubilaciones no pueden ser inferiores a 82% del sueldo líquido del activo, convalidó la ley 10694 que aplica un aporte solidario a quienes cobran dos beneficios previsionales, siempre que la suma de ambos supere seis haberes mínimos, y afirmó que no se vulnera el principio de proporcionalidad.

El tribunal también concluyó que el sentido de la ley 10694 es “proteger intensamente a quien goza de solo un beneficio previsional”, ya que el aporte solidario está destinado a dotar de sustentabilidad al sistema de jubilaciones y pensiones provincial.

La actora promovió acción de amparo cuestionando la metodología para el cálculo del haber previsional propuesta en la ley 10694 -sancionada en el marco de la pandemia- por considerar que perfora el “núcleo duro”, que consiste en 82% del sueldo líquido del activo.

Inaplicabilidad

La cámara a quo hizo lugar parcialmente a la acción de amparo y declarar la inaplicabilidad la norma y su reglamentación a la situación particular de la accionante, sólo en cuanto afecte su haber de manera tal que el porcentaje que perciba por su beneficio sea inferior a 75% del 82% móvil.

El Alto Cuerpo -integrado por los vocales Aída Tarditti, Domingo Sesin y Luis Rubio- analizó que lo importante es que se siga rigurosamente respetando la movilidad sobre la base de 82% del haber del activo cada vez que se produzca una variación salarial.

Se recordó que en su momento, a la Caja de Jubilaciones le resultó posible cumplir con el generoso designio legislativo de abonar por encima del referido 82% del sueldo líquido del activo, pero observó que con la actual normativa, en un marco de solidaridad intergeneracional, al pasivo le corresponde tolerar esta nueva modalidad operativa, que sólo retrasa en un brevísimo lapso la percepción de su haber actualizado, en aquellas situaciones en que excepcionalmente se produce un aumento salarial.

El TSJ señaló que tal mecanismo no puede ser encuadrado como una violación del núcleo duro, ni de la necesaria proporcionalidad que debe mediar entre los emolumentos que perciben activos y pasivos, sosteniendo que conforme a los principios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad surge claramente que la disposición contenida en el artículo 32 de la ley 10694 armoniza con los preceptos que tutelan el régimen previsional local.

Hipótesis

Además, el fallo expresó que la mencionada norma no supone una hipótesis de retroactividad y no queda alcanzada por la prohibición de retroactividad, la aplicación de la nueva ley a los efectos producidos bajo su vigencia, aunque estos dimanaran de una relación jurídica surgida bajo la ley derogada o modificada.

Por ello, el Alto Cuerpo remarcó que no se equivoca la Caja cuando sostiene que “si la nueva normativa hubiera dispuesto una incompatibilidad absoluta en la concentración de pluribeneficios en una misma persona, obligando a renunciar a uno de ellos, claramente sería una aplicación retroactiva de la ley, en cuanto estaría privando del derecho incorporado a su patrimonio a percibir dos beneficios nacidos al amparo de una situación jurídica consolidada. Ahora, el hecho de introducir una reducción en el contenido económico de uno de ellos, que, por cierto, tampoco resulta confiscatorio al estar por debajo de los estándares de confiscatoriedad, no integra el universo de derechos adquiridos fuertemente protegido por el principio de irretroactividad de la ley, sino dentro del alcance retrospectivo de la ley”.

Los vocales expresaron que en la medida en que no sean vulnerados el núcleo esencial del derecho y las características fundamentales en la adquisición del beneficio previsional, que no admite una aplicación retroactiva, ciertas modalidades operativas se pueden morigerar en beneficio del interés general, de la solidaridad intergeneracional y de la sustentabilidad del sistema.

De ello se infirió que al garantizar 82% del sueldo líquido del activo o el porcentaje pertinente de la pensión a quienes tienen sólo un beneficio ha limitado prudencialmente la intensidad de ciertos aspectos en beneficio del interés público, sectorial e intergeneracional, atento a las razones referidas.

Así las cosas, el TSJ expuso que frente a la crisis del sistema de salud y previsional, profundizado por la pandemia, el Estado escogió la modificación de la ley -entre las cuales se encuentra este cambio de metodología en la determinación del límite a la acumulación de beneficios o ingresos-, respetando su esencia y con ello el mandato constitucional, en uso de la facultad de diseñar el concreto sistema a tal fin.

Aporte solidario

En ese marco, se sopesó que la normativa citada estableció un aporte solidario a quienes perciben dos beneficios previsionales o de otro origen, en la medida en que ambos superen seis haberes mínimos, también dispuso el aumento en los montos de las jubilaciones y pensiones mínimas, ha prescripto una serie de puntos por armonizar con la legislación nacional y previó que el rojo previsional se reduzca en unos 6.500 millones de pesos.

Asimismo, el fallo valoró que también garantiza que ningún jubilado reciba menos de lo que había percibido en la última liquidación (abril 2020) e, incluso, extiende el plazo de coberturade la pensión de las hijas e hijos que estudiaran hasta la edad de 23 años; por esa vía, supera el parámetro de la ley anterior, que garantizaba tal prestación solo hasta los 18 años.

En definitiva, en la decisión se resolvió que corresponde hacer lugar al recurso planteado por la parte demandada -con las modulaciones establecidas en este pronunciamiento- y revocar la sentencia en el sentido expresado.