Admiten demanda por cobro de formación profesional de jugador de fútbol

Polideportivo Country Club San José demandó con éxito a Boca Juniors. El sentenciante aclaró que las lagunas en la normativa referidas a la renovación de contratos pueden sortearse mediante la aplicación de los principios generales del derecho y la analogía

El Juzgado en lo Civil y Comercial 14 de Rosario, Santa Fe, admitió la demanda por cobro de pesos presentada por Polideportivo Country Club San José en contra del Club Atlético Boca Juniors , por el derecho de formación profesional de un jugador de fútbol.

En el caso, hubo una renovación de contrato y, según concluyó el sentenciante, en función de ello la parte accionada continuó beneficiándose del entrenamiento que el deportista recibió en la entidad rosarina.

En esa línea, recordó que la ley 27211, en su artículo 4, refiere a la formación deportiva como “el adiestramiento, entrenamiento y perfeccionamiento de la calidad y destreza del deportista involucrado en la práctica de una disciplina amateur o profesional”.

La ley 27211, en su artículo 4, se refiere a la formación deportiva como “el adiestramiento, entrenamiento y perfeccionamiento de la calidad y destreza del deportista involucrado en la práctica de una disciplina amateur o profesional”

Por ello, rechazó las las excepciones presentadas por Boca Juniors, a saber: inaplicabilidad de aquella norma y falta de competencia; falta de legitimación activa; necesidad de previo agotamiento de la instancia federativa; prescripción; pago total; abuso de derecho y enriquecimiento sin causa.

Lo propio hizo con el pedido de declaración de inconstitucionalidad de la ley 27211 y condenó al demandado a abonarle al Polideportivo San José $2.855.473 más intereses. También le impuso las costas del proceso.

En su decisorio, el magistrado estimó que las lagunas en la normativa referidas a la renovación y a figuras como la prescripción o los cálculos pueden sortearse mediante la aplicación de los principios generales del derecho y la analogía, ponderando la situación de desequilibrio que podría plantearse en la relación jurídica, así como la eventual vulnerabilidad de una de las partes que, entendió, la legislación pretende morigerar o paliar y que, además, reconoce expresamente en su artículo 14, inciso c, al plantear el principio in dubio pro titular del derecho de formación deportiva.

Enfatizó además que la actividad principal de la actora como formadora deportiva y su encuadramiento en el presupuesto establecido en el artículo 1 de la ley 27211 podía advertirse del oficio contestado por la Asociación Rosarina de Fútbol, en el cual dejó constancia de que el jugador fue registrado a su favor.

Sumado a ello, indicó que no pueden desconocerse los propios actos de la demandada, que acompañó a la causa el “convenio de pago contribución de solidaridad jugador”, el cual nunca se hubiese efectivizado si el accionante careciera de las característica que el club demandado pretendía desconocer.

“La doctrina de los propios actos es un principio de derecho que impide a un sujeto colocarse en un proceso judicial en contradicción con su anterior conducta, y de esta forma, el haber admitido previamente el pago de derechos similares a los que aquí se reclaman, se presenta como una barrera opuesta a la pretensión judicial que el mismo plantea en el proceso, impidiendo con ello un obrar incoherente”, concluyó el juzgador.