Admiten demanda contra vicedirector de colegio por violencia de género

La jueza interviniente interpretó que, si bien existía un mal clima laboral y que la denunciante no tenía que presentarse en la escuela el día del incidente, el superior no debió echarla del establecimiento de la forma como lo hizo

El Juzgado de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género de 1ª Nominación de Córdoba hizo lugar a la acción por violencia de género en contra del vicedirector de un colegio , al concluir que existieron rasgos propios de una relación de poder, en la que la víctima queda próxima a un contexto de desigualdad por su condición de mujer.

En cuanto a las peticiones efectuadas por la denunciante sobre el apartamiento del cargo que tenía y su traslado a otro colegio, se resolvió que deberán ser articuladas por la vía administrativa, conforme los recursos y el procedimiento previstos en la ley procesal administrativa, por estar inmiscuido el derecho público.

La jueza Soledad Vieytes indicó que las pruebas demostraban un clima laboral de alta conflictividad en distintos niveles y entre diferentes actores de la comunidad escolar de la escuela en cuestión, que incidía de manera directa en la comunidad educativa y afectaba la dinámica de las relaciones interpersonales entre los involucrados, reducía la tolerancia y potenciaba las confrontaciones.

Informe

El informe del equipo técnico del fuero denotó la conflictividad que atravesaba la institución, al replicar el relato del denunciado en torno a las anomalías que allí se presentaban y que debían ser afrontadas, entre las cuales éste mencionó la falta de cumplimiento de horarios laborales del personal, tareas específicas de la institución sin ser resueltas, realización de actividades de índole personal de algunos integrantes de la institución en horario laboral, así como que grupos de niños quedaban sin clases.

La magistrada valoró que aun cuando el clima laboral imperante demande de quienes dirigen la escuela permanentes observaciones y llamados de atención a fin de mantener el orden y el buen funcionamiento de la institución, el análisis integral de la causa exige un mayor esfuerzo interpretativo y reparar en los modos como esos límites, observaciones y llamados de atención se llevaron adelante.

Bajo esas premisas, la jueza consideró que D. no debía estar el 4/12/18 en la escuela porque gozaba de una licencia por estudio, y destacó que, independientemente de si intentó dar aviso a P. de su intención de concurrir al colegio, lo cierto es que lo hizo cuando no debía hacerlo, derivando que el reclamo de éste para que se retirara fue justificado.

No obstante, la juzgadora advirtió de que lo cuestionable es la manera como P. exigió ese retiro, porque nada justifica que un superior tome del brazo a una subalterna a fin de expulsarla del recinto.

Frente a ello, la magistrada subrayó que las madres que fueron “espectadoras” de lo sucedido sintieron incomodidad y perturbación, resaltando el caso de la testigo O., quien expresó que “P. sacó a D. de la escuela como si fuera una bolsa de basura, la dejó afuera en la vereda y él se paró del lado de adentro de las rejas, con las manos en la cintura y le hizo señas con sus manos para que se fuera y luego ingresó a la escuela”.

Conclusiones

En resumen, la jueza concluyó que:

• La conducta desplegada por el denunciado se adscribe a una categorización de violencia de género, al tenerse por acreditada la configuración de violencia de tipo física y psicológica en la modalidad laboral.

• La puesta en conocimiento al Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba por parte de P. -en tanto autoridad a cargo de la toma de decisiones, responsable de conducir la comunidad educativa y de cuidar de los alumnos a su cargo-; el inicio de la investigación administrativa a causa de las denuncias cruzadas efectuadas entre regente y subregente, como asimismo el traslado de lugar de la prestación de servicios de D., lo fue en cumplimiento de lo dispuesto por la resolución 255/2019 y art. 1767 del CCCN.

• Los reclamos y peticiones efectuados por la actora en torno al apartamiento del cargo que ejercía deberán ser articulados por la vía idónea para ello, esto es, la vía administrativa, conforme los recursos y procedimiento previstos en la ley, porque la discusión en torno a la fundamentación de un acto administrativo implica, necesaria e inescindiblemente, la discusión de la legalidad del acto mismo, por transgresión de las reglas que condicionan su juridicidad, lo que determina la aplicación de principios y normas de derecho público.

Por todo lo expuesto, en el fallo se resolvió admitir la demanda incoada por P. del V. D. en contra de V. R. P., y en su mérito tener por acreditada la configuración de violencia de tipo física y psicológica en la modalidad laboral, con relación al hecho acaecido en la puerta del colegio A. C. el 4 de diciembre de 2018, y disponer el inicio de tratamiento psicológico en la persona de V. R. P. a efectos de que logre revisar su posicionamiento subjetivo, rígido, exigente y debilitado de ductilidad, en relación con los modos de ejercer su función respecto a las mujeres con quienes comparte el ámbito laboral.