Admiten amparo de policía jubilado por incapacidad para cobrar licencias no gozadas

El pronunciamiento validó lo resuelto en la instancia anterior y destacó que la Provincia demandada sólo opuso cuestiones formales al progreso de un crédito que ya había reconocido administrativamente

Al valorar la situación personal del demandante, persona jubilada por incapacidad, y que el crédito reclamado ya estaba reconocido y firme, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Córdoba, en pleno, confirmó la resolución que hizo lugar a la acción de amparo presentada por el ex agente de la Policía en contra del Gobierno provincial para obtener el pago inmediato de licencias no usufructuadas , valorando el contexto personal del amparista.

El actor había argumentado que ese crédito fue reconocido por la propia Jefatura de la Policía mediante acto administrativo, el que se encontraba firme y no discutido. Narró que desde la emisión del referido acto efectuó una serie de reclamos sin obtener respuesta, por lo que interpuso acción de amparo.

En plenario, el Alto Cuerpo integrado por los vocales Domingo Juan Sesin, Aída Lucía Teresa Tarditti, Luis Enrique Rubio, María de las Mercedes Blanc Gerzicich de Arabel, María Marta Cáceres de Bollati, Luis Eugenio Angulo y Claudia Elizabeth Zalazar valoró la situación del amparista: ex agente de la Policía que se ha acogido al retiro obligatorio por incapacidad.

Relevancia

En ese sentido, el fallo precisó que como surge de la resolución emitida por la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba , la junta médica que evaluó la situación del peticionante le determinó 70% de incapacidad, remarcando que la relevancia de dicha circunstancia resulta dirimente para la solución del caso y la procedencia del amparo.

Así, el TSJ sostuvo que el carácter meramente patrimonial de la pretensión -como denuncia la demandada- no es tal, ya que el contexto personal que circunvala la solicitud está dado por la situación de incapacidad del titular del crédito.

Asimismo, se destacó que este criterio ha sido fijado por la Corte Suprema , al determinar que el crédito a favor de una persona que se encuentra en situación de vulnerabilidad no resulta un interés meramente patrimonial, escindible de su situación personal.

En ese sentido, los vocales aclararon que negarle relevancia a la incapacidad del actor podría conducir a una notoria injusticia, porque no se trata del reclamo de una persona para quien la obtención de recursos, por otros medios, resulte sencillo.

Por el contrario, se insistió que el actor se encuentra en una situación de retiro e incapacitado; es decir, la omisión del pago de su acreencia por parte de la Provincia impacta particularmente en su situación.

Solución

El TSJ destacó que esta solución ha sido reconocida por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad bajo la definición de “ajuste razonable”, que exige realizar las adaptaciones necesarias para que las personas con discapacidad gocen de los derechos fundamentales en igualdad de condiciones con las demás personas.

De ello se derivó que acoger la postura de la Provincia, procurando el rechazo de la acción por tratarse, supuestamente, de una pretensión meramente patrimonial, implicaría omitir una circunstancia que se encuentra probada en la causa y que tiene incidencia para su solución.

En este caso, se indicó que media una circunstancia particular, que hace que la omisión y reticencia del Estado en satisfacer una obligación dineraria, originada en el trabajo de una persona que se ha desempeñado en su estructura administrativa, sea ostensiblemente arbitraria.

Como consecuencia de ello, esta singular situación es la que permite tener por configurada la excepcionalidad cualitativa del amparo.

A su vez, la decisión consideró que la acción de amparo se presenta como la vía más pronta, eficaz y sencilla para resguardar el derecho lesionado, en esta situación particular y que como surge de las constancias de la causa, no se requiere ningún esfuerzo probatorio para la determinación del crédito, porque la Administración ya lo ha precisado por medio de un acto administrativo que se encuentra firme.

Implicancias

El Alto Cuerpo subrayó que las implicancias que la posición del Estado presenta para el derecho a la tutela judicial efectiva del accionante hacen inferir que el resultado que busca es que el accionante vuelva a transitar por otros caminos procesales para obtener el cobro de un crédito ya reconocido, no correspondiendo que “este TSJ convalide un resultado semejante”, por cuanto se “frustraría, por un excesivo rigor formal en la interpretación de las normas en juego, una vía eventualmente apta para obtener el reconocimiento del derecho invocado con mengua de la verdad jurídica objetiva”, no habiéndose tampoco vulnerado el derecho de defensa y de debido proceso de la accionada.