ESCUCHARLa Unicameral de Córdoba había desestimado in limine la solicitud de la Coalición Cívica. Su titular, Gregorio Hernández Maqueda, pidió que se dicte la nulidad de lo resuelto por no cumplir con el procedimiento estipulado en la Carta Magna de la Provincia
La Sala Contencioso-administrativa de 2° Nominación de Córdoba admitió un recurso de amparo solicitando se declare nula una resolución de la Legislatura Unicameral que rechazó in limine un pedido de juicio político contra el ministro de Gobierno, Juan Carlos Massei.
El presentación fue interpuesta el 26 de marzo por el presidente de la Coalición Cívica ARI de Córdoba, Gregorio Hernández Maqueda, quien tildó de inconstitucional la decisión de los legisladores por no seguir los pasos formales fijados en la Constitución de la provincia de Córdoba para este tipo de casos.
Hernández Maqueda aclaró que el planteo no pretende torcer la voluntad de los legisladores, si estos consideran que no corresponde abrir un juicio político contra el ministro, sino que se cumpla el procedimiento formal.
“Ninguno de los pasos procedimentales contemplados en la Constitución Provincial fue cumplido. Los legisladores dispensaron procedimientos constitucionales in situ cuando la carta magna no los habilita en ninguna parte de su letra a realizarlo”, destacó Hernández Maqueda.
El procedimiento de juicio político contemplado en Córdoba requiere que la Legislatura, a los fines del juicio político, en su primera sesión ordinaria, se divida en dos salas: una de acusación y otra de juzgamiento. La primera investiga los hechos y puede suspender al funcionario denunciado. Una vez realizado el dictamen, lo presenta a la sala juzgadora en un término no superior a 20 días para que resuelva el tema.
Sin juicio político
El líder de la Coalición Cívica sostuvo que, pese a que el procedimiento está vigente desde 2001, cuando se modificó la Constitución de Córdoba, nunca se utilizó el mecanismo del juicio político como sistema de control de los funcionarios públicos.
“Esto no porque no haya habido proyectos, presentados por legisladores y por ciudadanos, sino por un proceder inconstitucional por parte de la mayoría oficialista que se niega a cumplir con los pasos establecidos en la Carta Magna”, aclaró.
“Las normas de la Constitución son de orden público y rígidas, no pueden ser modificadas por simple voluntad de una mayoría circunstancial. Máxime cuando los pasos a seguir están taxativamente previstos en ella, ni siquiera en el reglamento interno de la Legislatura, cuerpo normativo de inferior rango”, agregó el abogado.
En este marco, el titular de la Coalición Cívica pidió a la Cámara Contencioso-administrativa que la resolución dictada por la Unicameral sea declarada “nula de nulidad absoluta por inconstitucional” y que se remita nuevamente el pedido de juicio político a la sala acusadora de la Legislatura.
Pedido de juicio político
El 27 de febrero, Hernández Maqueda presentó un pedido de juicio político contra el ministro de gobierno de la provincia de Córdoba, Juan Carlos Massei, por mal desempeño de sus funciones. Ello, en virtud de los hechos delictivos ocurridos en la ciudad de Río Cuarto, donde ocho personas fueron asesinadas, en situaciones complejas y no esclarecidas. Cabe recordar que tal situación tuvo como consecuencia la detención de quien se desempeñaba como jefe de Investigaciones de la Departamental Río Cuarto de la Policía, Gustavo Osvaldo Oyarzábal.
El debate en la Unicameral
En presentación judicial, se agregó un extracto de la versión caligráfica de la sesión ordinaria en la que se rechazó in limine el pedido de juicio político contra Massei. De allí se desprende que tres legisladores plantearon sus objeciones sobre la manera de analizar la cuestión.
Uno de ellos, fue la legisladora Liliana Montero quien cuestionó que no se hubieran conformado las dos salas que prevé la Constitución. “En la primera sesión se deben constituir las dos salas con los miembros de esta Legislatura y, en ese caso, sería una de las dos salas la que tendría que estar analizando los pedidos de juicio político”, remarcó.En la misma sintonía se pronunció el legislador Aurelio García Elorrio:“ El procedimiento de la Constitución es muy claro, deben constituirse las Salas Acusadora y Juzgadora, y a quien le corresponde rechazar un pedido de juicio político es a la Sala Acusadora de esta Legislatura. Todo lo que estamos haciendo carece de valor constitucional”.
