Admiten acción de despojo respecto de terreno ocupado irregularmente

En la sentencia se valoró que el poseedor inició su reclamo a menos de un año de tener conocimiento de la intromisión en el inmueble objeto del pleito

La Cámara 5ª Civil y Comercial de Córdoba admitió la acción de despojo instaurada por la parte actora y ordenó que los demandados desalojen el inmueble en litigio, atento a que aquél demostró poseer el bien cuando se ocupó el terreno.

El tribunal integrado por los vocales Claudia Zalazar (autora del voto) y Joaquín Ferrer indicó que el actor reconoció que el 14 de octubre de 2017, en ocasión de ir a limpiar su terreno se encontró que la tranquera de ingreso tenía un candado y una cadena diferente de la suya y, al no obtener respuesta sobre quién ocupaba el lugar, denunció el hecho ante una unidad judicial. El 22 de noviembre de 2018 promovió demanda de desalojo, la que luego fue readecuada como “medidas preparatorias”.

Narró el demandante que la jueza a quo concluyó que desde el momento en que constató el despojo y hasta que demandó, acción recaratulada posteriormente -tal como se mencionó- como “medidas preparatorias”, transcurrió más de un año y que la intimación contenida en la escritura pública del 24 de septiembre de 2018 no suplió la demanda judicial que exige la norma para interrumpir la prescripción, en tanto la norma del artículo 2546 requiere reclamo ante autoridad judicial.

En este marco, la cámara sostuvo que la denuncia efectuada por el actor ante la unidad judicial constituye una “petición judicial” en los términos precisados por el dispositivo en examen ya que demuestra la intención del accionante de pretender la protección de su derecho ante las autoridades jurisdiccionales y de no abandonar su terreno en manos de los demandados.

El fallo remarcó que lo que debe primar es la demostración de la voluntad del titular de reclamar por su derecho en tiempo oportuno y ello, con la realización de la denuncia, quedó acreditado, por lo que correspondía hacer lugar a la apelación y revocar la decisión de primera instancia en cuanto dispuso admitir la defensa de prescripción planteada por el demandado.

La alzada trató luego la defensa de falta de acción planteada por la parte demandada y señaló que ésta jamás tuvo la tenencia ni la posesión del inmueble objeto del juicio.

La decisión sostuvo que la acción corresponde tanto al poseedor como al tenedor, para recuperar la posesión o tenencia tras un desapoderamiento que puede venir incluso de quien es propietario del bien en cuestión.

La cámara sostuvo que el actor acreditó que se encuentra legitimado incorporando contrato de cesión de derechos posesorios y un documento que acredita que realizó un pago por reserva de compra, expedido por la inmobiliaria “Grupo Landsur”.

Facultad

Por ello, el tribunal subrayó que el actor reviste facultad suficiente para iniciar la acción de despojo desde que en función de los documentos incorporados por su parte y no impugnados por los demandados, detenta la titularidad de derechos posesorios -al menos desde el 18 de noviembre de 2011- sobre el bien objeto de este juicio, concluyendo que la defensa de falta de acción debe desestimarse y, procederse a continuación a determinar si, la acción de despojo resulta o no procedente.

Respecto de la acción de despojo, la alzada consideró que se ejerce para recuperar la posesión o tenencia tras un desapoderamiento que puede, venir incluso del propietario del bien en cuestión. Se agregó que se trata de una acción en la cual resulta irrelevante la acreditación de quien tiene mejor título sobre la cosa que se reclama, sino que, lo determinante, es valorar quien tenía la tenencia o posesión al momento del desapoderamiento.

Sobre el punto, se consideró que el actor adquirió el derecho a poseer el inmueble objeto del litigio y que si bien es verdad que este documento solo demuestra que el accionante fue puesto en posesión del bien, lo cual no basta para la procedencia de esta acción, también es cierto que el actor, acompañó elementos suficientes para comprobar que realmente, al tiempo del desapoderamiento -14 de octubre de 2017- tenía una relación de poder realizando actos posesorios (corpus) comportándose como dueño (animus) de la cual se vio privado.

Amojonamiento

En esa dirección, se destacó el certificado de amojonamiento del inmueble en cuestión expedido por ingeniero, que data del 1 de diciembre de 2011 y que comprueba que el accionante luego que los derechos posesorios sobre el bien le fueron cedidos, se ocupó y preocupó por resguardar su derecho sobre el terreno. Además, facturas de compras de materiales para el cerramiento del terreno, a lo cual se suma copias de recibos expedidos por la realización de trabajos en el inmueble, como también el pago del Impuesto Inmobiliario (DGR) abonada mediante plan de moratoria, los tributos del inmueble de 2002 a 2017.

El fallo añadió también el actor informe de Rentas del que se desprende que también pagó impuestos incluso en el año 2018.

En mérito a lo expuesto, en el fallo se resolvió que la acción de despojo impetrada se torna procedente, debiendo revocarse la resolución apelada y, hacerse lugar a la demanda impetrada por el actor, ordenando a los demandados restituir el inmueble de que se trata, en el plazo de diez días.