Administradora de autoplanes debe indemnizar en $3 millones al hijo discapacitado de una cliente

Ésta, suscriptora de un plan de ahorro, falleció y su descendiente tuvo que tramitar durante más de seis años la devolución de lo aportado por su progenitora

La Cámara 8ª Civil y Comercial de Córdoba elevó a $3 millones el daño punitivo que deberá pagar Volkswagen SA de Ahorro para Fines Determinados por no restituir el dinero que había abonado por un autoplán la madre -luego fallecida- de una persona discapacitada, remarcando el tiempo transcurrido, la conducta de la empresa y el estado de vulnerabilidad del demandante.

El tribunal integrado por los vocales María Rosa Molina de Caminal (autora del voto), Gabriela Eslava y Héctor Liendo analizó que ambas partes cuestionaron la indemnización antes referida.

En el caso, se precisó que el incumplimiento de la demandada originó la instancia judicial, en la que continuó exhibiendo una conducta displicente y sin verdadera intención ni voluntad de cumplir su obligación, que se mantuvo incluso hasta la apelación analizada, no revelando intención de poner a disposición lo debido.

El fallo consideró que la actora es una persona hipervulnerable, quien no sólo merece protección en su calidad de consumidor sino que además tiene una enfermedad que le ha generado una discapacidad que motivó su jubilación a temprana edad.

La decisión observó la actitud de indiferencia y apatía de la demandada, que se desentendió de dar respuesta al reclamo, obligándolo a iniciar un proceso administrativo y un posterior proceso judicial, habiendo pasado seis años sin que cumpliera el pago de su deuda y mostrando una conducta impropia y abusiva en una relación de consumo.

Indefensión

Frente a tal escenario, el tribunal expuso que la indefensión en que se dejó al consumidor requiere un mecanismo aleccionador y ejemplificador, para que la empresa “sienta en sus arcas el efecto de esta multa civil, y ello coadyuve a que modifique su conducta”.

La cámara subrayó que la reincidencia de la demandada adjuntada refiere la renuencia de la compañía en circunstancias como las apuntadas, asentadas en ocho expedientes administrativos que dieron motivo para sanciones por parte de la Justicia Administrativa de Faltas de la Municipalidad de Córdoba.

De ello tomó nota el tribunal: “No estamos ante cualquier consumidor -respecto de quien la LDC contempla cierta vulnerabilidad- sino ante un accionante que se encuentra gravemente incapacitado, con una condición de salud compleja, y que la patología que padece el accionante determina más necesario aún el que reciba lo que le corresponde en tiempo oportuno -lo que en autos claramente no ha ocurrido, desde que lleva seis años sin obtener satisfacción a su reclamo-”.

Así, se indicó que el transcurso del tiempo no sólo impacta en su “mal uso”, derivado de las distintas actuaciones que él mismo ha debido concretar en defensa de sus derechos sino también “en el notable impacto negativo que tiene (...) dada su condición de hipervulnerabilidad, agravada por una conducta inaceptable de la parte deudora, quien a la fecha continúa usufructuando los fondos que pertenecen al actor”.

Situación

En esa dirección, el vocal apuntó que se estaba “ante el heredero de una cliente de una importante empresa de venta de automotores, que debió realizar numerosas gestiones, lo que le conllevó numerosos gastos innecesarios, para lograr que se le reconozca y se le devuelva el dinero de las cuotas abonadas del plan de ahorro ya extinto, suscripto por su madre fallecida, lo que debió hacerse hace más de seis años”, advirtiendo que “la actitud de la empresa de no reconocer de manera automática, ante el primer llamado/reclamo del cliente, la restitución debida con el alcance contractual comprometido, siendo que reconoció que debía adjuntar la documentación respectiva a los fines de la cuantificación del monto correspondiente a efectos de su devolución, lo que no hizo, y lejos de ello, sigue en esta cámara pretendiendo debitar importes que, claramente, no podrán ser descontados por su propia omisión, y tampoco ha concretado la devolución de los importes que estima adeudados (esto es, detrayendo gastos cuyo monto se desconoce)”.

El magistrado del voto agregó a ello que, dentro de las pautas de cuantificación del daño punitivo, se encuentra la valoración de la ganancia obtenida por el proveedor incumplidor, que puede no ser una cuestión estrictamente monetaria sino reflejarse en múltiples aspectos, por ejemplo, el intento -aunque pudiera no ser eficaz- de disuasión a los consumidores en la formulación de reclamos ante el incumplimiento derivado del tiempo que insume la recuperación del dinero aportado al autoplan, o el aprovechamiento de una situación jurídica de superioridad para eludir el cumplimiento de obligaciones legales

Por todo ello, en el fallo se resolvió que la sanción ejemplificadora y disuasiva que se nomina daño punitivo, “tiene que contemplar la totalidad de variables descriptas, y debe lograr disuadir al proveedor de nuevas conductas lesivas de los intereses del consumidor”, estimándose correcto cuantificarlo en la suma de $3.000.000.