ESCUCHAREl mandatario provincial vinculó su planteo con lo que entendió como “el respeto de la voluntad popular”. También dijo que cabe restringir la tarea del periodismo porque muchos medios subsisten por “la pauta del gobierno nacional”
Luego de que el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, afirmara que es necesario ponerle límites a la crítica periodística y vinculara su reclamo con lo que entendió como “el respeto de la voluntad popular” y al hecho de que , la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) expresó su preocupación.
“La convivencia democrática en sociedades diversas reconoce como elemento esencial la posibilidad de someter a juicio y crítica el actuar de los funcionarios públicos, incluso cuando su designación provenga de una elección democrática, competitiva y libre de sospechas”, recordó la entidad.
“No es el origen democrático de un funcionario un título que brinde ningún tipo de indemnidad ante la crítica. Por el contrario, en su carácter de mandatarios de esa voluntad popular, estarán sometidos siempre a un escrutinio superior y más intenso de sus acciones. Ese es el papel de la prensa y ese papel es indispensable en un sistema democrático”, destacó también.
Adepa enfatizó que los gobiernos, en cumplimiento de exigencias constitucionales e internacionales, deben difundir sus actos y, en paralelo, contribuir a la sostenibilidad de la prensa independiente en la particular coyuntura mundial que atraviesa el sector, tal como exige Unesco en la Declaración Windhoek+30.
“La sola sugerencia de que la comunicación institucional que el Estado está obligado a realizar debe ser un motivo de deferencia para con los funcionarios constituye un inusitado desvío autoritario”, planteó además.
“Erigir la percepción de fondos estatales como una causa para limitar la crítica a los funcionarios por parte de los ciudadanos, sean estos periodistas, empleados públicos o beneficiarios de planes sociales, pone de manifiesto una visión completamente desviada del servicio público y de la propia democracia”, sumó.
La entidad aclaró que el desempeño de la actividad periodística no otorga inmunidad por un eventual ejercicio irregular y citó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que estableció que “no existe derecho al insulto gratuito”.
“En democracia, el día que la prensa, por presiones económicas o amenazas legales, deje de escrutar y criticar el desempeño de los funcionarios estatales, dejará de ser esta el sustrato indispensable para la existencia de un sistema democrático de gobierno. Se habrá convertido en un órgano de propaganda de gobiernos autoritarios o totalitarios”, cerró.
