ESCUCHARPor el aumento desproporcionado de las pensiones por invalidez otorgadas entre 2020 y 2023, el fiscal federal Guillermo Marijuán denunció al ex presidente Alberto Fernández por la presunta comisión del delito de defraudación a la administración pública.
El agente incriminó por el mismo ilícito a los ex Directores Ejecutivos de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Claudio Esposito y Fernando Galarraga, y a la ex Directora Nacional de Apoyo y Asignaciones Económicas, Paula Martínez,
Marijuán nombró los decretos y resoluciones que flexibilizaron los criterios para conceder los beneficios y expuso que accedieron a ellos personas que no sólo no tenían la condición de invalidez laboral, sino que en muchos casos ni siquiera tenían una condición médica de discapacidad.
Además, indicó que se estableció que el proceso de otorgamiento, que podía tardar dos o tres años, se redujo a hasta tres meses.
“Plan sistemático”
El agente plateó que hubo un “plan sistemático” entre 2020 y 2023, consistente en el dictado de normas tendientes a flexibilizar el proceso de otorgamiento de las Pensiones No Contributivas por Invalidez para permitir la entrega “masiva e irregular” de beneficios que, según sostuvo, se vinculó especialmente “a cuestiones políticas de favores con gobernadores e intendentes”.
Según puntualizó el fiscal, entre 2020 y 2023 se otorgaron casi 300 mil nuevos beneficios, lo cual reflejó un crecimiento superior al 1.500%. En esa línea, precisó que de 79.581 casos asignados en 2003 se ascendió a 1.222.882 prestaciones en la actualidad.
Vulnerabilidad
Entre otras normas, Marijuán apuntó a la resolución 8/20, publicada el 30 de enero de 2020, que avaló el inicio del trámite aunque no se adjuntara el Certificado Médico Oficial y modificó los parámetros para la determinación del estado socioeconómico y de vulnerabilidad de las peticiones.
Hasta enero de 2020, el beneficiario no podía ser propietario de un inmueble cuyo valor superara el equivalente a más de 400 jubilaciones mínimas o un auto de más de 30. La resolución 8/20 quitó el tope máximo para vivienda y posibilitó considerar “vulnerable” a un solicitante si tenía un rodado con una antigüedad de más de 10 años.
También citó la resolución 134/20, que dispuso que, en los casos menores de 18 años, aquel certificado no fuera evaluado por la Coordinación de Fiscalización Médica, y el decreto 7/23, que estableció la posibilidad de que accedieran a las prestaciones individuos “imposibilitados o imposibilitadas”, en virtud de su condición de salud y vulnerabilidad social, para “la plena inclusión” o sin un vínculo laboral formal, sean argentinos nativos, naturalizados o residente, o bien extranjeros con una residencia mínima continuada en el país de 10 años, y sin “bienes, ingresos ni recursos suficientes”.
Además, cuestionó el tenor del decreto 566/23, publicado en noviembre pasado, que estableció que las personas con discapacidad y en situación de vulnerabilidad pueden trabajar y cobrar la pensión en forma simultánea.
Como cierre, enumeró las concesiones que se hicieron durante la presidencia de Fernández para obtener la pensión, como la supresión del requisito de 76% de incapacidad laboral y la imposibilidad de trabajar; la reducción de la cantidad mínima de residencia de extranjeros de 20 a 10 años y la modificación de la definición de vulnerabilidad, entre otras.
En su denuncia, Marijuán habló de “favores políticos” y destacó 259 operativos de alta masiva de pensiones en las provincias, detallando que las más beneficiadas fueron gobernadas por el peronismo como Chaco (Jorge Capitanich), Formosa (Gildo Insfrán), Santiago del Estero (Gerardo Zamora), Tucumán (Juan Luis Manzur), Misiones (Oscar Herrera Ahuad) y Buenos Aires (Axel Kicillof). “En las provincias en las que el Gobernador no era amigo, por ejemplo, Corrientes (Gustavo Valdés), posiblemente acordaban sus planes con los intendentes”, sumó.
Condición
“El ex presidente y los sucesivos funcionarios a cargo del ANDIS dictaron normas que inexplicablemente llevaron a eliminar la condición de inválido como requisito de este beneficio que justamente es la pensión por invalidez, de este modo se obsequiaron prestaciones con dinero público para llegar a manos de personas que no reunían los requisitos legales. Con este acomodamiento normativo solo se buscó́ una gratuidad popular”, enfatizó Marijuán.
En tanto, resaltó que no solo aumentó dramáticamente el número de pensiones otorgadas, sino que se detectaron irregularidades graves, como certificados acompañados por radiografías de animales.
2003
Cabe recordar que hace dos semanas, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, puntualizó que en 2003 había 79 mil pensiones por invalidez y que año a año, con excepción del mandato del ex presidente Mauricio Macri, se incrementaron, hasta llegar a 1.215.000 en 2023, lo que representa un costo anual de US$ 3 mil millones.
Paralelamente, adelantó que estaba bajo revisión si los beneficiarios cumplen los requisitos para hacerse mensualmente con el 70% del valor de una jubilación mínima y afirmó que tras el análisis de tres mil pensiones tomadas al azar se detectó que el 80% no reunían las condiciones.
