ESCUCHARLos camaristas exhortaron al Gobierno de la provincia estándares mínimos de seguridad en los depósitos donde se resguardan bienes secuestrados
La Cámara 12° en lo Criminal y Correccional de la ciudad de Córdoba –integrada con jurados populares- absolvió del delito de peculado a cinco policías que habían sido acusados de sustraer autopartes del depósito judicial de la Unidad Regional Departamental Río Segundo.
Además de absolverlos, el tribunal dejó a salvo el “buen nombre y honor” del subcomisario Gabriel José Alfredo Assolini, el comisario Inspector Jorge Ricardo López, el cabo 1° Marco Antonio Gelso, el comisario Inspector Marcelo Adrián Larrey y el agente Samuel Alfredo Clavero Ibarra. Asimismo, ordenó difundir la sentencia a través de los medios locales.
En los fundamentos del fallo, el camarista Gustavo Reinaldi explicó que el Ministerio Público Fiscal solicitó la absolución de los imputados y que esta decisión, cuando se encuentra debidamente fundada, obliga al tribunal a absolver. El magistrado agregó que, en este caso, los fundamentos expuestos por la Fiscalía de Cámara no solo fueron razonables, sino que, además, “compartidos” por los integrantes del tribunal técnico y por la totalidad de los integrantes del jurado popular. “La acusación no podía ser sostenida a la luz de las pruebas recolectadas solicitando la absolución de los imputados”, expresó.
El vocal Reinaldi (autor del voto) señaló que, a lo largo de las audiencias, quedaron demostrados los yerros existentes en cuanto a las medidas de seguridad del depósito judicial de automotores. El magistrado apuntó que “no sólo no existían luminarias, alarmas, ni perímetro alguno”, sino que, incluso, se apilaban los vehículos depositados para evitar que personas indeterminadas ingresaran al predio a sustraer autopartes.
Para el magistrado, estas circunstancias convirtieron a los policías imputados en “garantes de una obligación de imposible cumplimiento”.
El tribunal –integrado, además, por las camaristas Gabriela Bella y Ángeles Palacio- también exhortó al Gobierno de la Provincia de Córdoba y a la Jefatura de Policía para que garantice los estándares mínimos de seguridad en los depósitos donde se resguardan bienes secuestrados.
