ESCUCHARSe nombrará a un funcionario por provincia y otro en la ciudad de Buenos Aires. Los interesados deben tener al menos 25 años y cuatro en el ejercicio de la profesión, en los ámbitos público o privado
Un total de 24 defensores públicos oficiales se sumará en todo el país para representar a las víctimas en los procesos penales, en el marco de la ley 27372 recientemente sancionada en el Congreso.
La Defensoría General de la Nación ya abrió el concurso que luego determinará las ternas de candidatos a ser puestas a consideración del Poder Ejecutivo Nacional. Se espera que -pasados los exámenes, la evaluación de las ternas en el Senado y la designación por parte del Poder Ejecutivo Nacional- entren en funciones a mediados del año próximo.
Los interesados en participar podrán hacerlo desde el 11 y hasta el 22 de septiembre, inclusive.
Según informó la Defensoría General, durante dicho período se recibirán las inscripciones, las que deberán ser realizadas exclusivamente por vía electrónica, mediante la remisión del Formulario Uniforme de Inscripción (FUI) por correo electrónico a la [email protected]. Cada postulante deberá completar y remitir electrónicamente un solo FUI, en el que indicará cada uno de los concursos en los que pretenda inscribirse. En el caso de Córdoba, el concurso es el número 125.
Para poder postularse como defensor Público se requiere ser ciudadano argentino, tener 25 años de edad y contar con cuatro años de ejercicio efectivo en el país de la profesión de abogado en los ámbitos público o privado, o de cumplimiento, por igual término, de funciones en el Ministerio Público o en el Poder Judicial, con por lo menos cuatro años de antigüedad en el título de abogado.
La ley
La ley 27 372 fue promulgada hace un mes. Con el objetivo de resguardar los derechos y garantías de las personas víctimas de delitos, se prevé la creación de centros de protección y de asistencia que deberán contar con médicos, psicólogos, asistentes sociales e investigadores especializados.
Con la vigencia de la nueva norma, las víctimas tienen derecho a presenciar las declaraciones de los testigos y a contar con patrocinio legal gratuito tanto durante el proceso como en el período de ejecución de la pena.
Deberán ser notificadas sobre las excarcelaciones, los permisos de libertad condicional o las salidas transitorias a las que aspiren acusados y condenados.
Una de las modificaciones previas a la aprobación de la ley, incorporada por el Senado, fue justamente la creación de un cargo de defensor público de la víctima por provincia.
