ESCUCHARAmnistía Internacional denuncia que la falta de insumos, prácticas coercitivas y desfinanciamiento reflejan un retroceso preocupante que pone en riesgo la salud y los derechos reproductivos de miles de personas en todo el país
En el aniversario de la aprobación de la ley 27610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en Argentina, Amnistía Internacional alerta sobre un preocupante incremento en las barreras que dificultan el acceso a este derecho. Según la organización, las consultas por obstáculos en el acceso al aborto aumentaron un 215% en comparación con 2023, reflejando un panorama alarmante.
Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, subrayó que “el aumento en las denuncias evidencia una tendencia preocupante. Este fenómeno está directamente relacionado con el desfinanciamiento de políticas públicas y la paralización de la compra de insumos esenciales, lo que pone en riesgo la salud de niñas, mujeres y personas gestantes”.
Además, declaraciones recientes del presidente, calificando el aborto como parte de una “agenda sangrienta” y un “asesinato agravado por el vínculo,” han contribuido a desinformar y estigmatizar el acceso al aborto legal, generando temor tanto en las personas gestantes como en los profesionales de la salud.
Retrocesos y avances
En 2023, el sistema público de salud distribuyó más de 88.000 tratamientos de misoprostol y 77.000 tratamientos combinados con mifepristona. Sin embargo, en 2024, la paralización de estas adquisiciones marcó un retroceso en el acceso a la salud sexual y reproductiva, según denunció Amnistía Internacional.
Este deterioro llevó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a convocar al Estado argentino para explicar la regresión en políticas de género y derechos reproductivos, tras una solicitud conjunta de diversas organizaciones civiles.
A pesar de las barreras actuales, desde la implementación de la Ley 27.610, más de 245.000 personas accedieron a abortos seguros en el sistema público de salud, logrando una reducción del 53% en las muertes por abortos entre 2020 y 2022.
Amnistía Internacional ofrece un formulario para consultas y denuncias sobre barreras en el acceso al aborto, acompañando los casos y promoviendo medidas para eliminar estos obstáculos. La organización reafirma su compromiso con la defensa del derecho al aborto y la salud integral de niñas, mujeres y personas gestantes en Argentina.
DESPIECE
El caso de María
María (nombre ficticio), residente en Misiones y madre de cuatro hijos, decidió interrumpir un embarazo de seis semanas. Sin embargo, enfrentó múltiples barreras: en dos hospitales públicos le informaron que no había medicación disponible y le sugirieron comprar misoprostol, cuyo costo ascendía a 100.000 pesos en agosto de 2024. La falta de insumos esenciales, como misoprostol y mifepristona, debido a la interrupción de su compra por parte del Estado, hizo que el acceso al procedimiento fuera casi imposible para ella y muchas otras mujeres en situación de vulnerabilidad.
El caso de Camila
En el Hospital Materno Infantil de San Isidro, Camila (nombre ficticio) fue derivada a un consultorio de “Maternidades Vulneradas,” donde sufrió maltrato, preguntas invasivas y el uso indebido de su información personal para intentar disuadirla de su decisión. Ante estas prácticas coercitivas, tuvo que buscar atención en otra jurisdicción, enfrentando costos adicionales y riesgos para su salud.
