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Aborto: el estado mexicano de Michoacán eliminó un polémico proyecto

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Establecía que la mujer que abortara enfrentaría hasta cinco años de cárcel, pero sólo uno si no tenía “mala fama”, si había logrado ocultar su embarazo o si éste era fruto de una unión ilegítima

A 20 días de presentar un polémico proyecto de ley sobre el aborto, el gobierno del Estado de Michoacán, al oeste de México, decidió retirarlo.
El texto promovido por la administración de Silvano Aureoles, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), establecía que la mujer que abortara enfrentaría hasta cinco años de cárcel, pero sólo uno si no tenía “mala fama”, si había logrado ocultar su embarazo o si era fruto de una unión ilegítima.
Ante el escándalo que se generó, Aureoles, representante de la izquierda de su país, emitió un comunicado en el cual expresó que ratificaba su compromiso con los derechos de las mujeres.
En México sólo se puede abortar legalmente en la Ciudad de México, pero Michoacán es una de las regiones más progresistas. Mientras en casi todos los estados la única causal para poder abortar legalmente es que el embarazo sea producto de una violación, Michoacán admite la existencia de “una situación económica precaria” (un supuesto controversial que se está evaluando en Bolivia), el riesgo grave para la salud de la madre o una malformación del feto.
La legislación mantiene sanciones cuando no se da ninguna de estas circunstancias y prevé de seis meses a un año de trabajo comunitario.

Bolivia
En marzo, el Poder Legislativo de Bolivia abrió el debate sobre la posibilidad de legalizar el aborto para mujeres en situación de “pobreza extrema” y la Iglesia Católica calificó como “eugenesia social” la iniciativa del gobierno de Evo Morales. Los obispos emitieron un duro comunicado en el cual enfatizaron que “el Estado está obligado a crear políticas públicas orientadas a mejorar la vida de las personas” y a apoyar a las embarazadas.
Paralelamente, denunciaron que se intenta utilizar al aborto como “un supuesto camino para solucionar problemas sociales y económicos” y que “distorsiona el sistema penal”.
El plan desató polémica entre los grupos más conservadores y religiosos, pero también recibió críticas por parte de los militantes que apoyan la despenalización de la práctica.

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