ESCUCHARLos letrados de la ciudad de la Buenos Aires emitieron un dictamen que critica duramente la iniciativa girada al Senado. En Córdoba, Héctor Echegaray cuestionó la reinstalación de las comisiones médicas y remarcó que aprobar esta ley será retroceder a la década de 90
Por Silvina Bazterrechea – [email protected]
El proyecto de reforma de la Ley de Riesgos de Trabajo impulsado por el presidente Mauricio Macri para reformar el Régimen de Riesgos del Trabajo comenzó a generar resistencia entre los letrados de todo el país. En la ciudad de Buenos Aires, el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF) emitió un dictamen que rechaza el proyecto girado al Senado “por sus manifiestas inconstitucionalidades y discriminaciones en perjuicio de trabajadores”.
El dictamen fue elaborado por el Instituto de Derecho del Trabajo del CPACF y se presentó el pasado día 15 en la reunión de Asesores de la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara Alta.
En Córdoba, el Colegio de Abogados local siguió el mismo criterio y también manifestó su preocupación y se mostró crítico al avance de un proyecto de ley de esta naturaleza.
Al iguales que su par porteño, el Colegio de Abogados que preside Héctor Echegaray cuestiona, entre otros puntos de la pretendida reforma, la reinstalación de la imposición a los trabajadores de recurrir a las comisiones médicas “como instancia previa, excluyente y obligatoria para solicitar las prestaciones de la LRT u homologar acuerdos con las ART”.
En diálogo con Comercio y Justicia, Echegaray recordó que volver a las comisiones médicas implicaría retroceder a los orígenes de la ley de 1995, lo cual, en su opinión, sería “un error” y un claro “retroceso”.
“Vamos a tropezar sobre la misma piedra, volver a un régimen de 1995 no es compatible con la jurisprudencia que la Corte Suprema ha venido fijando en los últimos años ni es compatible con un país que respeta los derechos humanos”, remarcó el letrado.
La afirmación de Echegaray viene a cuenta de los últimos fallos de la Corte – cuatro muy importantes – en los cuales se declaró la inconstitucionalidad de este procedimiento de comisiones médicas que se intentarán reinstalar si se logra aprobar el proyecto girado por el Ejecutivo nacional.
Echegaray remarcó que “una nueva LRT nunca puede tener como variable de ajuste la salud de los trabajadores ni la reducción de las indemnizaciones”. Agregó que es necesario darle impulso a la prevención de los accidentes de trabajo y mejorar la calidad médica asistencial que se brinda a los trabajadores que sufren un accidente laboral.
También criticó a quienes sostienen que la denominada industria del juicio es responsabilidad de los trabajadores y los abogados. “Decir esto es faltarles el respeto a los ciudadanos, a los abogados y los magistrados que han admitido las demandas”, remató el representante de los abogados de Córdoba. Y concluyó: “Hablan de la litigiosidad pero no dicen nada sobre cuánto dinero destinan las aseguradoras a prevención de accidentes laborales que permitan neutralizar los agentes de riesgo”.
En este sentido, días atrás Margarita Stolbizer (GEN) aseguró que “la preocupación debería ser prevenir para evitar los siniestros y no evitar que los trabajadores siniestrados inicien juicios”. Según la diputada, “no se hacen los controles sobre el cumplimiento de las normas de seguridad e higiene y entonces los accidentes se repiten” y agregó que “ninguna de las empresas aseguradoras corre riesgo de fundirse”.
Más cuestionamientos
En el documento emitido por el CPACF se critica otro aspecto del proyecto que consideran central: que los acuerdos celebrados con relación a las incapacidades permanentes definitivas y por fallecimiento puedan ser homologados administrativamente ante las comisiones médicas -”de carácter restrictivo en el reconocimiento de incapacidades y desconocimiento de enfermedades laborales”, según el Colegio- por un funcionario designado por la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. Estos acuerdos, que adquieren carácter de cosa juzgada y no pueden ser revisados judicialmente, no brindan, según el CPACF “las garantías de objetividad que ofrece la Justicia”.
Otro punto duramente discutido es que, si se desea apelar lo resuelto por la comisión, el recurso deberá sustanciarse ante la Justicia del lugar donde aquellas intervengan. Según el dictamen, ello altera el procedimiento laboral que otorga tres opciones al trabajador para demandar –en el lugar del trabajo o el domicilio de la ART o el empleador-.
El CPACF califica ello como una “discriminación social”, ya que el Código Procesal Civil permite “al resto de los habitantes demandar en el domicilio del deudor o su aseguradora”.
“La excusa de ayer y de hoy para cercenar derechos constitucionalmente amparados, es la elevada litigiosidad, guardándose silencio sobre la relación existente entre la misma y la elevada siniestralidad”, denuncia el colegio.
Captando adhesiones
La semana pasada, luego de la reunión con el presidente Mauricio Macri, en Olivos, y de la que participó el ministro del Interior, Rogelio Frigerio y gobernadores de provincias, el gobernador Juan Schiaretti tomó la palabra para manifestar su apoyo al proyecto de modificación de la ley de Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (ART). “Es vital y espero que se pueda tratar este año. Es uno de los impedimentos para generar empleo” dijo en aquella oportunidad el mandatario cordobés.
Con posterioridad, Schiaretti remarcó que “tal como funciona” la normativa en la actualidad, “lo único que se logró es incentivar la industria del juicio” y remarcó que, los únicos beneficiados fueron “los abogados laboralistas”. En sus argumentos, remarcó: “En la actualidad, conspira con la generación de puestos de empleo, contra las pymes y los mismos trabajadores”.
En el mismo sentido se pronunció el Grupo de Entidades Empresarias de Córdoba (G6 Córdoba) mediante un comunicado, en el que consideró que “se trata de una iniciativa que busca proteger al trabajador y las fuentes de trabajo, evitando los abusos que con la ley vigente se cometen”.En números
– La Superintendencia de Riesgos del Trabajo estima que hay 300 mil juicios producto de “las falencias” en el sistema, cuyo costo estimado -si debieran pagarse todos- sería de cinco mil millones de dólares
– El sistema de ART alcanza a casi 10 millones de trabajadores, incluyendo el personal de casas particulares.
– El costo promedio que pagan los empleadores a las ART es de 3,4% del salario aunque hay actividades de alto riesgo en que puede ascender a 20%.
– La recaudación anual del sistema es de unos $30 mil millones.
