ESCUCHARUn grupo de letrados presentó una nota al Ministerio de Justicia, en la que denuncia que faltan
mediadores y la infraestructura no es la adecuada. La directora del Centro de Mediación de Córdoba, Graciela Peralta Igarzábal, dijo que se triplicará el trabajo pero que podrán afrontar la demanda
Por Silvina Bazterrechea – [email protected]
En menos de una semana comenzará a implementarse en las ciudades de Córdoba y Río Cuarto la ley de mediación prejudicial obligatoria para el fuero Civil y Comercial. La ley fue sancionada en junio pero su aplicación fue demorada con el objetivo de trabajar en su reglamentación, en la capacitación de los operadores judiciales y el ajuste del sistema informático, entre otros aspectos que son claves para su puesta en marcha.
Esta semana un grupo de abogados litigantes presentó una nota en el Ministerio de Justicia de la Provincia pidiendo la postergación por seis meses de la aplicación de la normativa y manifestando su preocupación por las consecuencias que podría traer aparejada la nueva ley de mediación.
En diálogo con Comercio y Justicia, el abogado Mariano Jandula Torres, vocal del Colegio de Abogados, aseguró que Córdoba no está preparada para poner en marcha esta ley y que su implementación generará un “cuello de botella” en los tribunales.
Aunque Jandula Torres aclara que están a favor de la ley, advierte de que no hay mediadores suficientes para afrontar la alta demanda de causas civiles que ingresan a diario a los tribunales.
“En 2017 ingresaron al fuero Civil 186 mil causas civiles y en Córdoba tenemos 370 mediadores, teniendo en cuenta que estas mediaciones se hacen con un equipo de dos personas, estamos hablando de que 185 equipos de mediadores deberán hacerse cargo de 186 mil causas. Una locura”, señaló.
Criticó, a su vez, que la ley aún no se haya reglamentado ni se haya readecuado la infraestructura para gestionar de manera eficiente lo que, sin dudas, implicará un nuevo paradigma en la forma litigar en los tribunales cordobeses.
Pese a los reclamos de los letrados, la decisión política es que el 1 de noviembre comience a implementarse la ley. Así lo confirmó a este medio la coordinadora del Centro Judicial de Mediación, Graciela Peralta Igarzábal, quien desmintió que sean más de 180 mil las causas que ingresarán a mediación. Sus proyecciones son notablemente inferiores.
“Yo estimo que por año tendremos unas 13 mil causas civiles; hoy estamos mediando unas 4 mil, esto quiere decir que se triplica el trabajo”, explicó.
Peralta Igarzábal aseguró que no faltarán mediadores y que ni siquiera se tendrá que abrir el Registro para convocar a nuevos porque se podrá hacer frente a la demanda.
Respecto de la infraestructura necesaria, la funcionaria admitió que le faltará espacio, situación que cambiará en febrero cuando se muden las asesorías que hoy trabajan en el actual edificio del Centro de Mediación. En el caso de Río Cuarto, esta situación también estará resuelta con el traslado de los tribunales al nuevo Polo Judicial de esa ciudad y queden inmuebles disponibles, que se podrán utilizar para realizar esta tarea.
Fácil y remoto
El pedido para comenzar con el proceso de mediación se realizará en forma remota. Los abogados ingresarán la solicitud de mediación a través de una “presentación electrónica” y luego podrán hacer un seguimiento del trámite a través del Sistema de Administración de Causas (SAC) del Poder Judicial.
Los mediadores serán designados por sorteo público mediante un sistema informático que garantiza la distribución equitativa entre los profesionales que se encuentren inscriptos en este órgano y habilitados conforme a la ley, aclaró Peralta Igarzábal.
– En la actualidad, están obligadas a someterse a la mediación aquellas personas que tengan un trámite de juicio abreviado y ordinario -cuyo monto no supere 204
jus- las causas en las que se solicite el beneficio de litigar sin gastos y cuando el
juez que interviene estime conveniente derivar el expediente a mediación.
– A partir del 1 de noviembre quedarán exentos pocos procesos judiciales. Por
ejemplo, los juicios ejecutivos, los desalojos, las medidas cautelares, los amparos y las medidas preparatorias que, por su naturaleza, requieren la intervención judicial; cuestiones de violencia de género, concursos y quiebras.
– La instancia de mediación previa y obligatoria constituirá un requisito de
admisibilidad de la demanda; resulta obligatoria la comparecencia ante el centro de mediación de que se trate, y su inobservancia genera la imposición de una multa.
